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En mi escrito de ayer señalé que el consejo general del poder judicial (CGPJ) (*), el tribunal supremo (TS) y el consejo del estado (CE) habían ampliado su guerra contra el ejecutivo, no reconociendo a los titulares propuestos por éste. Si bien, esos no reconocimientos no son vinculantes, y el ejecutivo, con toda seguridad, no los acatará; mostrando, así, el gran abismo existente entre los diferentes poderes del estado.
(*) que lleva casi seis años caducado, negándose a su renovación, por lo que su composición no refleja la actual (ni la anterior) configuración parlamentaria.
En esa misma línea, ayer (30.11), exmagistrados del tribunal constitucional se manifestaron a favor de esa insurrección, como explica Abel Degà:
‘Hemos de defender el derecho a la resistencia con todos los medios a nuestro alcance: manifestaciones, boicots o con el incumplimiento de las leyes cuando los otros no las cumplen’. Así se ha manifestado este jueves el exmagistrado del tribunal constitucional, Jorge Rodríguez Zapata, en unas jornadas parlamentarias del PP contra la amnistía, celebradas en el congreso de los diputados. Los populares han invitado, también, al expresidente del tribunal constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que ha pedido ‘batallar contra una ley que representa un desafío al orden constitucional’.
Se trata, a su parecer, de una ley que vulnera el principio de seguridad jurídica y de igualdad, uno de los argumentos que repite por activa y por pasiva el partido de Alberto Núñez Feijóo desde que el PSOE confirmó el pacto con el independentismo de una ley que repare la persecución judicial a un movimiento político.
El hermano del teniente coronel de la guardia civil, Diego Pérez de los Cobos, que ejerció de coordinador del operativo policial contra el referéndum del 1 de Octubre del 2017, ha señalado que todo este tiempo ha estado manteniendo el silencio, ‘pero hoy he decidido no hacerlo, porque como ciudadano tengo la obligación de pronunciarme sobre una situación que considero enormemente preocupante y que también me interpela en relación con el ejercicio de las funciones de interpretación y defensa de la constitución que he ejercido’. (…) Zapata ha asegurado que la ley de la amnistía supone ‘el final de la constitución’.
(elnacional.cat, 30 de noviembre del 2023)
Efectivamente, esto ya supera el conato, para pasar a ser un golpe de estado, pues éste es ‘cuando un poder del estado intenta o derroca a los otros poderes, o cuando se interfiere de manera jurídica en las elecciones populares para la elección de un presidente o jefe de gobierno’.
Históricamente, el golpe de estado se diferencia de las revueltas, motines, rebeliones, revoluciones, autogolpes, pronunciamientos y guerras civiles; si bien, en la utilización de estos términos, popularmente, existe una gran confusión y utilización indistinta y sin propiedad o con intenciones propagandistas.
Curzio Malaparte (1898 – 1957), en su libro ‘Técnica del colpo di Stato’ (Técnica del golpe de estado), considera que una diferencia esencial de los golpes de estado es la sorpresa y la escasa duración relativa de las operaciones, reduciendo al mínimo el tamaño y la intensidad de la confrontación armada.
Vicent Partal, ha titulado su editorial de Vilaweb del siguiente modo: ‘En España hay un golpe de estado en marcha y aquí perdiendo el tiempo en viajes o con peleas de partido’, señalando que:
‘(…) Los golpes de estado se hacen siempre contra las elecciones -si se realizan en países que hacen elecciones, claro- Cualquier golpe de estado, en definitiva, intenta evitar que la voluntad de las urnas se transforme en acción efectiva, para impedir que se lleve a cabo lo que la gente vota.
Los golpes de estado suelen tener por objetivo, normalmente, el poder legislativo o el ejecutivo que se deriva. Son los otros poderes del estado -tradicionalmente, el poder militar- que interrumpen el funcionamiento normal de las instituciones para hacerlos inviables.
Y los golpes de estado se amparan siempre en el discurso de la ‘traición’ hecha por el poder legislativo o ejecutivo y la ‘necesidad’ de reconducirla, normalmente, por los que se consideran a ellos mismos los guardianes del estado profundo.
Tomando por normas definitorias estas que explico, España se encuentra claramente inmersa en un golpe de estado. En un golpe de estado perpetrado por el poder judicial contra el poder legislativo y el ejecutivo. Con la voluntad de impedir que aquello que han votado los ciudadanos en las elecciones se transforme en acción efectiva, en realidad.
Este fenómeno ya era visible hace tiempo, pero un seguido de hechos que pasaron ayer, han hecho subir un importante grado en la escalada. Unos hechos coincidentes en muy pocas horas.
(…)
¿Qué se pretende con este golpe de estado? Pues igual que con todos los golpes de estado del mundo: tumbar el gobierno, el español, en este caso (…)’
(Vilaweb, 30 noviembre del 2023)
Y todos sabemos que el ideólogo de este golpe de estado es el nefasto José María Aznar, que el pasado 2 de noviembre dijo:
‘Pedro Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española, por eso, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva, la inhibición no tiene hueco’.
Este mensaje está teniendo el mismo resultado que cuando Felipe VI tocó a arrebato, en su desgraciado y anticonstitucional mensaje del 3 de octubre del 2017, llamando al ‘a por ellos’ (los independentistas catalanes)
Está claro que cuando Felipe VI, el Lucifer (el emperador en la jerarquía demoníaca) se definió, Aznar, el Belzabú (el príncipe, en esa jerarquía), Marchena, el Astaroth (el gran duque), y así los Lucífugo Rofocale (primer ministro demoníaco), Satanachia, etc., se pusieron a trabajar siguiendo al amo, al dueño del cortijo español, movilizando al demonio Leviatán. Así, todo el imperio de las tinieblas se ha levantado.
Aterrizando un poco, me parece interesante hacer la siguiente comparación histórica del momento actual con el de la República Romana tardía (monarquía, 753 – 509 a.C.; república, 509 – 27 a.C.; imperio, 27 a.C. a 476 d.C.), al hilo de la última novela de Santiago Posteguillo Gómez (*) que estoy leyendo sobre la biografía de Julio César:
(*) Soy un fan suyo, y he leído todas sus obras históricas (trilogía de Escipión el Africano, trilogía de Trajano, bilogía Julia Domna, etc. y, ahora, la biografía de Julio César que, constará de seis volúmenes, si bien sólo han aparecido los dos primeros: ‘Roma soy yo’, y ‘Maldita Roma’). Por cierto, todo son obras kilométricas, ya que cada uno de los volúmenes ronda las mil páginas.
En la República Romana existieron dos grandes grupos, los optimates y los populares:
‘Los optimates (latín), los óptimos, los mejores, también llamados ‘boni’ (hombres buenos), es un apelativo aplicado a políticos, grupos políticos, tradiciones, estrategias o ideologías, en la República Romana tardía.
Los optimates constituyeron la facción aristocrática de la República romana tardía. Deseaban limitar el poder de los populares (partidarios del pueblo, nucleados en las asambleas populares romanas) y aumentar el del senado romano, al que consideraban como más estable y mejor a la hora de buscar el bienestar de Roma.
Los optimates favorecieron los nobiles (familias nobles) y se opusieron a la ascensión de los ‘hombres nuevos’ (plebeyos, romanos normalmente nacidos en las provincias, cuyas familias no tenían ancestros ilustres) dentro de la política romana y a los popularii (patronos de la plebe)
Los optimates eran vistos como partidarios de la autoridad continuada del senado, políticos que operaban principalmente en el senado, u opositores de los populares.
Por su parte, los populares eran vistos como centrados en operar ante las asambleas populares, generalmente, en oposición al senado, utilizando el populacho, más que el senado, como medio para obtener ventajas.
(…)
Además de perseguir los objetivos políticos anteriormente descritos, los optimates se opusieron a la extensión de la ciudadanía romana a territorios situados fuera de la península itálica en incluso a nacidos en la misma. Favorecieron tipos de interés altos, se opusieron a la expansión de la cultura helenística dentro de la sociedad romana y trataron de proveer de tierras a los soldados licenciados, creyendo que así, era menos probable que apoyasen a sectores rebeldes.
Los optimates alcanzaron su hegemonía durante la dictadura de Lucio Corneliu Sila Felix (81 a.C. – 79 a.C.). Este volvía desde Oriente tras derrotar al rey Mitríades VI, obligándole a firmar la Paz de Dárdanos en 86 a.C. Su vuelta a Italia precipitó la primera guerra civil (88 – 81 a.C.), en la que derrotó a los líderes populares Cneo Papirio Carbón y Cayo Mario el Joven.
Durante su mandato, las asambleas populares fueron despojadas de casi todo su poder, el senado pasó de 300 a 600 miembros, miles de soldados colonizaron el norte de la península itálica y miembros de la facción popular fueron ejecutados mediante las listas de proscritos. No obstante, tras la renuncia y muerte de Sila, muchas de sus políticas fueron congeladas.
(…)
Dentro de los planes de los populares se encontraba el dotar de una cierta movilidad social a los ciudadanos romanos, trasladándolos a las colonias provinciales para favorecer la romanización de los pueblos conquistados, la extensión de la ciudadanía a comunidades externas a Roma e incluso a toda la península itálica y la modificación del sistema de reparto de grano para favorecer al proletariado romano en vez de las clases pudientes, la deflación del valor de las monedas para abaratar el precio de las mercancías y la extensión de la cultura helenística entre los romanos.
La causa popular alcanzó su apogeo durante el siglo I, en especial bajo Julio César, el líder de mayor prestigio. Otros líderes fueron los hermanos Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco, Cayo Mario, Publio Clodio Pulcro, Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo (que, previamente, había estado alineado con los optimates)’
(fuente: Wikipedia)
Y, salvando las enormes distancias, me parece que la confrontación entre los optimates y los populares, se adapta, casi a la perfección, en la situación actual, asimilando a los optimates con el poder judicial y a los populares con los poderes ejecutivo y parlamentario.
Es preciso señalar que, en la república romana, ambas facciones no representaban una lucha de clases, pues ambos colectivos contaban con miembros de la élite dirigente, y la base social que les apoyaba era cambiante.
Es evidente que el poder judicial español se autoconsidera los óptimos, los mejores, frente a los populares (elegidos democráticamente); y, como en la Roma clásica, los ‘optimates’ son más homogéneos, clasistas, conservadores, contrarios a la reforma del statu quo. Los optimates consideraban y consideran, que eran y son los únicos capacitados para conservar las esencias de Roma y consideraban que los populares sólo querían hacerse con el poder, para pervertirlas.
Marcus Tullius Cicero (Cicerón, 106 a.C. – 43 a.C.) consideraba que era preciso eliminar los elementos peligrosos que ponían en jaque el orden tradicional, para volver al pasado glorioso, si cada uno permanecía en el puesto que le correspondía en la sociedad. Los optimates debían gobernar a través del senado y las magistraturas, y la plebe debía obedecer.
Y así sigue pensando la cúpula judicial española.
Como vemos, la naturaleza humana no ha mejorado a lo largo de los siglos: sigue habiendo castas casposas que ostentan el poder y que se consideran los ‘elegidos’, como los reyes y dictadores ‘por la gracia de Dios’, y toda su corte diabólica, satánica, entre las que se encuentra, también, la cúpula eclesial católica, siempre acomodada y servil con el poder.
Y todo esto nos ha de ayudar para hacer pedagogía y conseguir un mayor apoyo popular para conseguir nuestra independencia; y que ellos, si les gusta y les place, que sigan con sus demonios.
