- El dictamen de la reforma judicial sigue sin beneficiar a la ciudadanía y profundiza la discrecionalidad y captura política.
Ciudad de México, 22 de agosto de 2024.- “Atentos a la reforma del poder judicial y las acciones de paro que se desarrollan entre los trabajadores que comprenden ese gremio, organizaciones sociales manifestamos nuestro posicionamiento respecto a lo que consideramos una iniciativa partidista que puede traer como consecuencia un retroceso en la impartición de justicia a nivel nacional y de la democracia constitucional en su conjunto.
No pretendemos presentarnos como descalificadores sino como organismos auténticamente preocupados por entregar información completa y sin tendencia alguna a través de la cual, comunicadores y la opinión pública en general puedan comprender de fondo lo expuesto en el dictamen final de la reforma al Poder Judicial.” comentó Laurence Pantin, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Además, señala que, pese a los múltiples intentos de acercamiento con el poder legislativo y la participación de expertos en los diálogos organizados por la Cámara de Diputados, los planteamientos de la academia y de la sociedad civil no han sido tomados en cuenta por los legisladores de la mayoría legislativa.
El próximo 22 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá el dictamen de la iniciativa de reforma judicial propuesta por el presidente de la República, que, de aprobarse, será discutido por la próxima legislatura a partir del 1 de septiembre.
Dicho dictamen propone, entre otras cosas, que en un plazo de dos años todas y todos los jueces, ministros y magistrados sean removidos y sustituidos por personas elegidas por votación popular y que la investigación y sanción de faltas administrativas del personal judicial quede en manos de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría sancionar a personas juzgadoras con base en criterios subjetivos, lo cual pone en peligro la independencia del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Por lo anterior; Búscame, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, Fundación para la Justicia, Designaciones Públicas, DPLF, Konrad Adenauer Stiftung, Impunidad Cero, Justicia Pro Persona, México Evalúa, IJPP, consideramos importante visibilizar que:
1.- Pese al mensaje recurrente de la mayoría legislativa en el sentido de que existe un mandato popular para la reforma judicial, un gran porcentaje de la población se encuentra desinformada sobre dicha iniciativa. Sondeos nacionales impulsados por diferentes instituciones, arrojan que el 62% de las personas no están enteradas del contenido detallado de la reforma, los sondeos realizados también por algunos medios de comunicación reflejan en estos últimos días que solo un 44% de la población apoya la reforma al Poder Judicial, lo cual deja ver la pérdida de aceptación entre la población.
Por ello, la ciudadanía y el sistema de justicia no se encuentran en condiciones de afrontar un cambio tan profundo en el Poder Judicial a la velocidad que se propone.
Dicho lo anterior, consideramos que esta reforma, impulsada bajo el argumento de que es necesario democratizar la justicia, no atiende este problema y no velaría por el bienestar de las y los mexicanos, pues en realidad, solamente permitiría la captura política de las personas juzgadoras en todo el país.
2.- Se debilitaría profundamente la división de poderes en México, lo que pondría, indiscutiblemente, en peligro la imparcialidad de la justicia, y con ello la confianza ciudadana sobre la democracia como forma de organización política y las vías para dirimir los conflictos.
“Lo que está en juego, explica Laurence Pantin, es la independencia judicial que, es importante recordar, no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino un derecho de todas las personas que podemos tener que enfrentar algún día un proceso en un juzgado o tribunal de que nuestro asunto será resuelto con base en los hechos y el derecho y no con base en presiones políticas, económicas o de cualquier otra índole.»
3- Lejos de obtener certeza jurídica y avanzar en la atención oportuna de los casos, la reforma haría aún más lenta e ineficientela impartición de justicia ya que llegarían a ser juzgadoras personas sin ninguna experiencia en la impartición de sentencias y en la producción de sentencias. “De esta manera, señala Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, la institución se convertirá en un cuello de botella que mantendrá detenidos por años a miles de asuntos que continuarán sin recibir sentencias, lo que sin duda, afectará de manera negativa la ya mala percepción de la sociedad acerca del Poder Judicial de la Federación.”
Ello es particularmente grave por lo que toca a familiares de las víctimas de delitos y/o violaciones a sus derechos humanos, quienes no tendrían certeza sobre la sentencia de las personas que cometieron algún tipo de agravio contra sus intereses.
4.- La reforma empaña la visión de la ciudadanía con respecto a las funciones de los poderes judiciales,mediante un discurso politizado y polarizado, que no se basa en soluciones integrales para el diagnóstico de los problemas del sistema de justicia ni toma en cuenta las necesidades de las personas que tienen que acudir ante un juzgado o un tribunal.
Así lo reflejan las últimas calificaciones ciudadanas recabadas este año por World Justice Project México, en donde el peso del Estado Derecho y la percepción ciudadana sobre la impartición de justicia en México se encuentran estancados.
Ningún estado de la República logra alcanzar la calificación idónea, siendo los más altos Querétaro con 0.49, Aguascalientes con 0.47, al igual que Guanajuato. En contraparte, los estados con una reducción más perceptible para la ciudadanía en materia de Estado de Derecho, son: Estado de México con 0.35, Morelos con la misma calificación y Quintana Roo con 0.36.
México actualmente no sólo requiere de una reforma al poder Judicial, sino de una reforma integral al sistema de justicia para garantizar igualdad y justicia social en el país.
Para ello, es importante que esta iniciativa no se apruebe al vapor sino que recupere de manera efectiva las distintas perspectivas que que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, a través de garantizar un Estado de bienestar y tranquilidad que no sólo aborde el tema de justicia, sino también de derechos económicos, sociales y culturales de las personas.
6.- Captura política disfrazada de democratización: Si bien quienes promueven la iniciativa de reforma dicen buscar un avance en materia de justicia y la despolitización de la impartición de justicia, la propuesta de elegir a las personas juzgadoras mediante el voto popular implicaría una mayor politización de la misma, poniendo en riesgo la independencia e imparcialidad de las y los juzgadores. Toda vez que el dictamen hace más laxos los requisitos de acceso sin prever ninguna característica de idoneidad ni mucho menos que garantice el principio de ser y parecer independiente.
En el mismo sentido, al encontrarse bajo la presión del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas juzgadoras podrían buscar modificar el sentido de sus sentencias para agradar a los grupos en el poder.
Es importante recordar que uno de los propósitos del Poder Judicial es velar por los derechos humanos y la reforma podría trastocar esas garantías.
6.- La reforma pone en riesgo el Estado de derecho: La experiencia internacional demuestra que la elección popular de las y los jueces no permite erradicar la corrupción, pues potencializa el riesgo de que las y los candidatos respondan a presiones de grupos de poder que los respalden, incluyendo al crimen organizado, que podría tener interés en colocar jueces afines a sus intereses.
“Ante este panorama y el paro de empleadas y empleados del Poder Judicial de la Federación que ya ha alcanzado al menos 28 estados de la República Mexicana, manifestamos nuestro respaldo y compromiso por seguir pugnando por una reforma sin intereses partidistas de por medio y que ponga en peligro la imparcialidad en la impartición de justicia en el país” finalizó Itzel Checa.
