- La CFE ha asumido funciones de autoridad, defendiendo el ‘electrolinazo’ que no ha sido explicado ni transparentado por la propia CRE.
- El autoabasto es un modelo de contratación delimitado por las leyes mexicanas, y reconocido por tratados internacionales firmados por México, con parámetros públicos y transparentes. El desprestigio de la ley -al tildar una actividad legal de ‘mercado negro’- debilita el Estado de Derecho.
- La CFE sistemáticamente busca desvirtuar cualquier modelo de contratación eléctrica que compita con la generación de sus plantas. Esto lastima a los consumidores en un momento crítico de la economía nacional.
Ciudad de México, a 10 de junio de 2020. En representación de pequeños, medianos y grandes consumidores industriales y comerciales de electricidad del país, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) reitera su rechazo al ‘electrolinazo’ planteado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ejecutado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El ‘electrolinazo’, al representar un incremento a los costos de transmisión y distribución conocidos como porteo, es una medida que indiscutiblemente incrementa el costo final de la energía consumida y, en el proceso, viola ordenamientos jurídicos y contractuales.
Con sus recientes declaraciones para defender el ‘electrolinazo’, CFE ha asumido nuevamente funciones de autoridad, justificando las decisiones que no han sido explicadas ni transparentadas por la propia CRE, la cual está mandatada por ley a actuar con independencia y objetividad. Esta situación evidencia un deterioro en el sistema de pesos y contrapesos requerido por un auténtico Estado de Derecho.
Además, la CFE ha enfocado sus esfuerzos en denigrar alternativas competitivas para los consumidores. El autoabasto, que la CFE ha pretendido denostar, es un modelo de contratación delimitado por las leyes mexicanas y reconocido por tratados internacionales, con parámetros públicos y transparentes. El desprestigio de la ley –al tildar una actividad legal de ‘mercado negro’- debilita el Estado de Derecho.
De forma sistemática, la CFE y las autoridades han criticado e intentado desvirtuar cualquier modelo de contratación eléctrica que compita con la generación por plantas de la CFE. Han ignorado selectivamente sus ventajas competitivas –incluyendo su capacidad de ofrecer mejores precios y emplear tecnologías limpias- y sus posibilidades de ser un motor de crecimiento de la economía.
Cualquier pérdida de alternativas competitivas representa importantes costos para los consumidores de electricidad, particularmente en el sector industrial y comercial que no tienen tarifas subsidiadas. Esto inevitablemente encarece el costo de vida de los mexicanos. Mientras el país se prepara para iniciar el proceso de recuperación económica, cualquier acción que lastime la competencia y competitividad en beneficio de una sola organización es francamente indefendible.
