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El Programa de Denuncias en Transparency International fijaron unos protocolos mínimos, para defender a los denunciantes, a los informadores; y el reino español efectuó la transposición de la directiva de la UE (2019/1937) relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (Whistleblowers); pero, como dice el refrán, ‘del dicho al hecho, hay un trecho’, como demostró el ‘gestor’ Salvador Illa en el Parlament, el pasado 18, socavando los derechos de los denunciantes, y, claro, poniéndose del lado de los poderosos, como explico a continuación.
Es preciso recordar el caso en conflicto respecto a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència’ (ahora, denominada DGPPIA; Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y Adolescencia). Y fue Octuvre.cat, de los periodistas Albano Dante Fachin i Pozzi y Marta Sibina i Camps, que el pasado 2024, desveló la explotación sexual de una niña de 12 años, bajo la guarda de la exDGAIA; y este año 2025 han publicado diferentes vídeos informativos al respecto, denunciando, asimismo, las presiones recibidas.
Sobre el particular, el pasado mes de mayo, en mi escrito titulado ‘Pandemia de deshumanización contaminante’, expuse el problema en cuestión.
Situación de base:
En octubre de 2024, tras los demoledores informes de la Sindicatura de Cuentas (presentados en marzo 2024), mostrando la existencia de contratos irregulares y prórrogas tácitas en los servicios de acogida y protección de menores de edad, realizados sin concurso público y por procedimientos de emergencia, sin ningún amparo legal ni documental, el Parlament de Catalunya aprobó en el pleno de la cámara, por unanimidad, la creación de una comisión para investigar la actividad de esa organización, entre el 2011 y el 2025, ya que se destapó una red de pederastia con al menos 25 menores de edad afectados y para cuyo responsable, la fiscalía catalana pidió 107 años de prisión. En marzo de 2024, una de las fundaciones que integran la plataforma que ha gestionado 300 millones en protección a la infancia fue denunciada ante sus dirigentes por un trabajador que se negó a elaborar informes en los que le ordenaban omitir que muchos de los jóvenes que las recibían no cumplían con los requisitos.
Pues bien, ante este problema conflictivo, el deplorable represor Salvador Illa, ha dado un giro a su posición inicial, ya que, el pasado 22 de setiembre, Núria Orriols Guiu, escribió en el Ara:
‘¿Cómo se pueden proteger a los alertadores de corrupción? El Govern inicia la tramitación de la ley. El ejecutivo aprueba la memoria preliminar del anteproyecto, al admitir lagunas en la norma estatal.
Desde el año 2019 hay una directiva de la UE que obliga a proteger a los alertadores contra la corrupción, tanto en ámbito público como privado, al objeto de prefenir posibles represalias que puedan tener por denunciar malas prácticas. El estado ya traspuso la normativa a una ley propia -que obliga a todas las entidades a tener canales internos y externos de denuncia- y ahora el Govern de la Generalitat se dispone a hacer su propia regulación, más allá de los canales de denuncia internos que ya tiene el ejecutivo.
(…) Si bien la ley estatal solo incluye como alertadores a las personas físicas, el ejecutivo se plantea ampliarlo a las personas jurídicas, y prescindir que deba haber una relación laboral para ser protegido. (…) y, al efecto, se proponen desarrollar un estatuto de la persona alertadora para establecer sus derechos y deberes en la gestión de las alertas (…)’
(Ara, 22 de setiembre del 2025)
Pero, pasados menos de tres meses, la posición ‘legalista’ de Salvador Illa, se ha transmutado, ya que:
‘Salvador Illa se quita la careta: niega evidencias de corrupción en la DGAIA y reta a los demás a ir al juzgado. El President de la Generalitat llama ‘insinuaciones’ al informe de la Sindicatura de Cuentas.
Desde que estalló el escándalo de la DGAIA, ha resultado evidente el intento del PSC de taparlo para salvar a su socio de gobierno, ERC. Pero nunca hasta ahora lo habían expresado de una forma tan evidente. Y ha sido nada más y nada menos que el President de la Generalitat, cuya intervención en el Parlament marca un antes y un después.
Respondiendo a Alejandro Fernández, del PP, Salvador Illa ha negado las evidencias de corrupción en la DGAIA y lo ha calificado de simples ‘errores administrativos’. Illa ha ido más allá, retando a quien tenga pruebas de la corrupción que vaya a los juzgados.
Esto es muy grave, porque significa que el President de la Generalitat ignora el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre las irregularidades de la DGAIA. Es decir, el Govern menosprecia el principal órgano fiscalizador que vela por el correcto funcionamiento de las instituciones en Catalunya. No solo niega las evidencias que constan en el informe, sino también las recomendaciones elevadas por el órgano al Parlament.
‘Yo no tapo a nadie’, dijo Illa, ‘lo que ha habido son errores administrativos y decisiones que se han tomado para no dejar desatendidas a personas menores de edad. Yo no tengo ninguna evidencia de que ha habido corrupción, y si usted la tiene vaya donde tenga que ir. Quien tenga evidencias que no venga a decírmelo aquí, que es muy cómodo, vayan a donde tengan que ir. Ya está bien de insinuaciones’.
Además, acusó a Alejandro Fernández de ‘hacer política con esto’ y ‘faltar a sus valores humanistas’. Es decir, para el Govern del PSC, fiscalizar el poder y denunciar la corrupción es criticable. Con su intervención, Illa se quita definitivamente la careta con la DGAIA.
Hay que recordar que el PSC se alió con ERC y Comuns para ignorar las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas. ERC es el partido que gestionaba el Departamento de Acción Social, y es al mismo tiempo el partido que está sosteniendo al gobierno de Salvador Illa. Esto ayuda a entender mejor el papel del PSC ante el mayor escándalo de los últimos años en Catalunya.
No solo eso, sino que los partidos del tripartito pactaron una comisión de investigación que ellos mismos presiden y donde vetan aquellas comparecencias que consideran inoportunas. Al mismo tiempo, el PSC impulsó una supuesta reforma de la DGAIA consistente en un cambio de nombre y una operación de maquillaje. Tanto es así, que la Generalitat ha renovado el contrato a la Fundación Resilis, señalada por los pagos irregulares de prestaciones a jóvenes extutelados’.
(e-noticies.es)
Es evidente que todos los gobiernos quieren dar una imagen ‘buenista’ y defensora de la transparencia de su gestión; y, para ello, proponen la protección de los alertadores, los denunciantes; pero todos recordamos al exteniente del ejército español, Luis Gonzalo Segura, que denunció irregularidades en el ejército y señaló que ‘la corrupción en las fuerzas armadas es pública y conocida por todos debido a la impunidad que nos da el tener nuestros propios jueces (…) y que con el dinero del ministerio de defensa se pagan campos de golf para oficiales en vez de dedicarlos a la defensa nacional’.
Pues bien, en lugar de defender al alertador, en julio del año 2015, fue expulsado por ‘motivos disciplinarios como autor de la falta grave de hacer reclamaciones y manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones realizadas a través de los medios de comunicación social o formularlas como colectivo, en su modalidad de ‘hacer manifestaciones contrarias a la disciplina’; y Luis Gonzalo Segura afirmó que ‘el fondo de sus denuncias no se había investigado y, por tanto, su expulsión era injusta’; y que la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, con su ministra de defensa, Margarita Robles, no ha comportado ningún cambio, y se le sigue considerando un corrupto, además de todo tipo de represalias, incluso amenazas de muerte, y todo ello le ha complicado su vida civil, ya que le han cerrado muchas puertas en el momento de buscar trabajo.
‘Curiosamente’ Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el congreso de los diputados, dijo, en su momento: ‘ojalá algún día el ejército se pareciera un poco más al teniente Segura y no tanto a los fascistas que el estado español condecora’; y en su cuenta de X, Rufián, el 11 de julio del 2018, escribió: ‘Expulsar a decentes como el teniente Segura y readmitir a salvajes como Alfonso Jesús Cabezuelo’.
Es preciso recordar que el mencionado Cabezuelo, era un militar (soldado del ejército de tierra) que, junto con otros camaradas civiles, formó parte de ‘la manada’, que participó en la violación múltiple de una joven, en los Sanfermines del 2016; y ese sujeto tenía otros antecedentes similares, por lo que fue expulsado del ejército tras la sentencia, si bien, al cumplir un cuarto de la pena de 15 años de prisión, empezó a beneficiarse de los permisos; y, según Gabriel Rufián en X, fue readmitido en el ejército (si bien no he podido confirmar este dato, que me parece erróneo, ya que no ha cumplido la pena; y, tras cumplirla, me parecería inadmisible su reincorporación).
En definitiva, que, si bien es sabido que del poder judicial del reino español, podemos citar, metafóricamente a Marcelo, en el acto 1 del Hamlet, de William Shakespeare (1564 – 1616): ‘algo huele a podrido en el reino de Dinamarca’; la justicia militar, está en pleno lado oscuro, pues sus órganos judiciales militares tienen mínimas garantías de neutralidad, ya que ellos mismos hacen de juez y parte; y la posibilidad de recurrirlas a un estamento militar superior, además de remotas, carecen de las medidas garantistas necesarias. Así, el consejo de guerra general es el tribunal de primera instancia de más alto nivel en las fuerzas armadas, y … última instancia, ya que, como he dicho, las apelaciones son muy ‘complejas’, aunque el tribunal de apelaciones para las fuerzas armadas esté compuesto por cinco jueces civiles, y su fallo puede ser recurrido mediante un auto de certiorati, pero la revisión por parte del tribunal supremo es completamente discrecional y extremadamente rara.
Por todo ello, y por lo que hemos podido ver, Pedro Sánchez está siguiendo la misma lectura que tuvo el PP de Mariano Rajoy, pues para ambos partidos sistémicos, el estado está por encima de todo, incluso de la democracia. Y el subordinado Salvador Illa nunca moverá un dedo para distanciarse de esa visión, que comparte ciegamente, como demostró con su ‘famosa’ corbata verde monárquica.
Y ERC, con el citado Gabriel Rufián, muy rápido en su momento, para defender al alertador teniente, ahora, en el caso de la DGAIA, quieren ‘matar al mensajero’; y eso es una vileza, no es posible tener dos moralidades, pues eso es pura inmoralidad.
Así que, en ese contexto, es evidente que los alertadores, acabarán desapareciendo, pues delatar irregularidades, como hemos visto, es muy complejo y tiene claras y evidentes repercusiones personales y sociales, para ellos y para sus familiares. Y esos irresponsables políticos, seguirán ‘luciendo palmito’ ante las instituciones europeas, informando que cumplen los requisitos de ‘Transparency Internacional España de Protección Alertadores’.
Y, como todo suma, este desastre debería ser un argumento más, para independizarnos; y, al configurar la futura República Catalana, olvidarnos de personajes como los mencionados, pues no deberán tener cabida en ninguna institución, no merecerán ejercer ningún cargo público.
