- En 2018, un talud ubicado en la colonia Olímpica Radio sufrió un deslizamiento que no ha sido reparado: Isaac Montoya.
- Solicita agilizar su reparación y evitar mayores riesgos para la población.
A propuesta del diputado Isaac Martín Montoya Márquez (Morena), el Congreso mexiquense solicitó al ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y a la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México garanticen la pronta conclusión de las obras de mitigación para la estabilización del talud ubicado en la colonia Olímpica Radio Segunda Sección, que alcanza 30 metros de altura, una longitud de 180 metros y presenta una inclinación de más de 90 grados.
El punto de acuerdo señala que en 2018 el talud sufrió un deslizamiento, dejando como saldo más de 300 metros cúbicos de tierra y piedras caídos sobre un automóvil y afectando una vivienda, por lo que la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos lo declararon como un riesgo inminente, cuyas condiciones materiales requieren la intervención con obras de mitigación que detengan y prevengan un daño mayor a las viviendas ubicadas en su base.
Agrega que, si bien es cierto que se habían iniciado obras tendientes a la mitigación de los riesgos, mismas que actualmente se encuentran suspendidas por la presunta falta de presupuesto, así como supuestas irregularidades administrativas que deberán ser evaluadas por la instancia correspondiente, la realidad es que el riesgo continúa latente y la vida, el patrimonio y el bienestar de las familias que ahí habitan están expuestas a un desenlace fatal.
Afirma el legislador morenista que la omisión de una persona servidora pública con respecto a hacer o abstenerse de hacer aquello que le encomiende el marco normativo aplicable constituye per se incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y, por tanto, produce responsabilidad en términos de violación de derechos humanos.
Es así que es posible observar que el Estado tiene particular responsabilidad cuando de por medio existe conocimiento de un riesgo real e inmediato de que se consumen violaciones a tales derechos, sobre todo cuando dicho riesgo habrá de vulnerar la vida e integridad de las personas y sus respectivos patrimonios.
