- A propuesta del diputado Mario Ariel Juárez, solicitaron explicar por qué no han proporcionado información de este programa anterior a 2021.
- También piden conocer la razón para modificar cada año la población objetivo.
Ante lo que el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez consideró evidente opacidad en el manejo de la información del Programa Familias Fuertes Salario Rosa, el Congreso mexiquense solicitó a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesem), Alejandra del Moral Vela, explique por qué no ha proporcionado la información solicitada sobre este programa de años anteriores a 2021, y por qué cada año ha cambiado su población objetivo en perjuicio de mujeres en condiciones de pobreza extrema.
Conforme al punto de acuerdo impulsado por el diputado Mario Ariel Juárez, dicha Secretaría ha rechazado las solicitudes realizadas a través del portal de transparencia para dar a conocer esa información, argumentado que no la tiene porque antes de 2021 el programa lo operaba la Secretaría de la Mujer. Esto, afirma el legislador, es una burla porque “existe acta donde la Secretaría de la Mujer transfiere todos los documentos a la Sedesem”.
Además, indicó el legislador, el programa arrancó en 2018 con un presupuesto de 967.5 millones de pesos (mdp), que se ampliaron a mil 695.7. Para 2019 se le asignaron 2 mil 281 mdp, mientras que en 2021 fueron 4 mil 713 mdp. En 2020, con un presupuesto de 3 mil 349 mdp, sólo ejerció el 70%, lo que no importo para que en 2022 se incrementara el presupuesto en mil mdp.
De lo anterior se desprende, agregó, que “se violenta el cumplimiento de las leyes en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así como de transparencia al ocultar información sobre la metodología para determinar y cuantificar a los beneficiarios”.
El punto de acuerdo también pide que se informe el fundamento legal para clasificar como reservados los datos de las personas que participan en cuatro actas extraordinarias de 2021 del Comité de Admisión del Programa Familias Fuertes, Salario Rosa, lo que “no tiene fundamento y solo se trata de una manipulación en la interpretación de la ley, y más aún cuando en otros documentos públicos de la Secretaría, aparecen los nombres y rúbrica de todos aquellos que participaron”.
