- A propuesta del PT, Imelda López demandó supervisar la situación del transporte en Ixtlahuaca, Jiquipilco y San Felipe del Progreso.
- Propone Omar Ortega reformas para dar mayor autonomía a los contralores municipales.
Debido a que en los municipios de Ixtlahuaca, Jiquipilco y San Felipe del Progreso se ha permitido la operación de unidades del transporte público que no cumplen con la normatividad vigente o no cuentan con la concesión para brindar el servicio, el Congreso del Estado de México exhortó al secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, a no tolerar a estos transportistas y a que no se vea a la movilidad como un botín político que va en contra del usuario final.
En este sentido, a propuesta de la diputada Imelda López Montiel (PT), la Legislatura aprobó, de manera unánime, el exhorto al secretario Raymundo Martínez para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente visitas de verificación e inspección de los vehículos relacionados con el transporte público de pasajeros en los citados municipios, a fin de garantizar que la prestación del servicio se apegue a la normatividad estatal.
Al dar lectura a la exposición de motivos, la legisladora llamó a no tolerar que la organización Antorcha Campesina otorgue el servicio de transporte público en dichos municipios, pues esto atenta contra los usuarios, quienes, ante la necesidad de trasladarse, hacen uso del transporte pirata poniendo en riesgo su vida.
Regidores plurinominales deben proponer al titular de la Contraloría municipal
Con el fin de que los órganos internos de control de los ayuntamientos cuenten con un grado total de autonomía y quienes ocupen esos cargos sean verdaderos técnicos en las materias requeridas y, sobre todo, carezcan de cualquier lazo que los una al partido político en el poder, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, planteó que las y los contralores municipales sean propuestos por los regidores y regidoras de representación proporcional.
Omar Ortega explicó que la iniciativa de reforma a la Constitución Política local y a la Ley Orgánica Municipal promueve instrumentos más democráticos para quitar a la mayoría de un ayuntamiento la posibilidad de autovigilarse.
La iniciativa prevé que la designación se lleve a cabo a través de la presentación de una terna, debiendo designarse por el voto de cuando menos las dos terceras partes del cabildo en la primera sesión; en caso de no ser así, en la segunda sesión se votará a quienes integren la terna y la persona que tenga la mayoría de los votos será nombrada como titular de la Contraloría.
La iniciativa, remitida para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Legislación y Administración Municipal, sostiene que para la remoción del contralor será necesaria la votación de cuando menos las dos terceras partes del cabildo, otorgando garantía de audiencia y a través de resolución debidamente fundada y motivada.
