Con el fin de frenar la comercialización, posesión, traslado, enajenación y custodia de vehículos robados, la diputada Claudia González Cerón presentó una iniciativa con la que se busca equiparar el delito de robo a quien detente o posea un vehículo robado, aun sin haber intervenido en el delito, imponiéndole de cinco a 20 años de prisión y multa de uno a tres veces el valor del vehículo robado a quien participe en dichos actos.
Esta iniciativa, presentada en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, reformaría el artículo 292 del Código Penal del Estado de México para establecer que, si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución, sanción del delito o ejecución de penas, se le aumentará el tiempo en prisión en una mitad más y se le inhabilitará de cinco a 20 años para desempeñar cualquier cargo público.
Ante el Pleno legislativo, Claudia González explicó que su propuesta busca hacer corresponsable al ciudadano de frenar la comercialización de unidades robadas, ya que muchas personas, al adquirir un vehículo automotor, no se cercioran de que la documentación y la posesión sean legales, lo que se traduce en la oportunidad para el delincuente de seguir realizando estos actos.
Por ello, exigió el trabajo y responsabilidad de la autoridad judicial, pero también pidió a los ciudadanos cumplir con las leyes para evitar problemas judiciales por conducir un automóvil robado.
La diputada advirtió que el robo de autos asegurados en México creció 16.6% en 2018, año en el que fueron robadas 78 mil 870 unidades, frente a las 67 mil 653 de 2017, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); subrayó que de 2010 a 2018 el robo de autos creció en el país 74.3%, y precisó que de todos los autos robados el año pasado, las autoridades pudieron recuperar 27 mil 759, es decir, 35.2% del total.
Por otra parte, y según datos de la AMIS, 53% de los robos de 2018 fueron de automóviles estacionados, y el resto fueron hurtos cometidos con violencia. Ocho entidades federativas sumaron el año pasado el 79% de todos los robos en el país; el Estado de México registró 22% del total.
De aprobarse la iniciativa, los propietarios de vehículos automotores que hayan realizado un contrato de compra-venta sin verificar la procedencia del vehículo contarán con un plazo de 120 días naturales a partir de la entrada en vigencia de la reforma para acudir a las Agencias Especializadas en Robo de Vehículos a realizar el trámite de verificación correspondiente.
Para su dictamen, la iniciativa fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
