CDMX, 19 de abril de 2022.- La Gran Comisión Nacional Ferrocarrilera, conformada por diversas organizaciones representantes de extrabajadores y jubilados ferrocarrileros de todo el país y el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, (FERRO), pidieron a la Secretaría de Gobernación que solicite la intervención del Presidente de la República, con el fin de propiciar el resarcimiento del daño que causó la privatización de los ferrocarriles mexicanos a miles de trabajadores y sus familias.
De igual manera solicitaron se aplique la justicia social que promete este gobierno de la cuarta transformación, así como revisar con transparencia los distintos actos de corrupción generados al interior del STFRM y de los cuales las autoridades federales ya tienen amplio conocimiento sin que se atrevan a proceder hasta el momento conforme sus atribuciones (SCyT, STyPS, INFONAVIT, FISCALIA GRAL. DE LA REPUBLICA, UIF Y JUNTA FED. De CyA).
En reunión con funcionarios de SEGOB de las áreas de Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil, así como de Seguimiento Institucional, los dirigentes de los organismos que agrupan a trabajadores y extrabajadores ferrocarrileros expusieron los hechos de las grandes irregularidades en el Sindicato Ferrocarrilero, y ante las cuales el gobierno federal tiene la potestad de intervenir.
Al término de la reunión, Eduardo Canales, presidente de FERRO, dijo que urge el resarcimiento del daño causado a todos los extrabajadores ante los actos de inmoralidad y corrupción cometidos por Víctor Flores a partir de la privatización del sector ferrocarrilero.
“Éramos más de 100 mil trabajadores antes de la privatización, ahora somos aproximadamente 12 mil y de éstos cerca del 90 % salieron liquidados con engaños y promesas por parte de la dirigencia sindical del cacique”.
Ante la ausencia de atención por parte de todos los gobiernos neoliberales anteriores que siempre protegieron “al cacique” desde la privatización, explicó, las organizaciones se han ido uniendo con el fin de “levantar la voz todos juntos”.
Explicó que se hizo un planteamiento en la dependencia para acabar con los problemas generados por Víctor Flores y exigieron la intervención del mandatario del país, por lo que las pláticas con Gobernación continuarán en caso de ser necesario hasta lograr los objetivos buscados por los liquidados, no liquidados y jubilados de la extinta Ferrocarriles Nacionales de México.
Por su parte, Juan José Calixto, presidente de la Federación de Ferrocarrileros Jubilados, manifestó que han encontrado una “posible apertura” para que el presidente logre escuchar a todos los afectados de su gremio.
“Sabemos que hay una protección muy grande al sindicato por parte de la Secretaría del Trabajo, incluso también de la propia SCT ante el caso de los centros deportivos, lo cual es muy grave ya que a Víctor Flores se le permite seguir explotando éstos con total impunidad”.
Los centros deportivos se han utilizado como instalaciones de vicio cuando éstos fueron otorgados a los trabajadores jubilados para beneficio de ellos y sus familias, acusó.
La ST simplemente protege a Víctor al no pedirle transparencia, al no cumplir con la Ley Federal del Trabajo y exigirle que por lo menos entregue cuentas de lo que ha hecho arbitrariamente con dichos centros deportivos por más de 25 años, manifestó.
Finalmente, Omar Enrique Flores, extrabajador ferrocarrilero del estado de Sonora, y miembro de Ferro, despedido como resultado de la privatización, dijo que se abrió la posibilidad de una negociación que permita hacer justicia a los miles de extrabajadores que no recibieron su jubilación en tiempo y forma, y que cuyos derechos han sido violentados durante muchos años.
Bajo este mismo tenor hicieron señalamientos la Lic. María Elena Antillón Ortiz y Sergio Legarda Camacho, delegado de Ferro en Chihuahua, así como José Luis Godínez Rasgado, delegado de Ferro en el Sureste.
Todos los participantes en la reunión hicieron un llamado a los trabajadores ferrocarrileros en activo a que hagan un serio análisis de lo que sucede al interior de su sindicato y que se pregunten si realmente prevalece la democracia y la libertad sindical en el mismo, con el fin de que sean ellos también quienes propicien el cambio y las mejores condiciones de representación libre y soberana de sus representantes y su accionar en el futuro.
