• Las diputadas Pinete Vargas y Fernández Cruz (PVEM) impulsan cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Las diputadas María del Carmen Pinete Vargas y Nayeli Arlen Fernández Cruz, ambas del PVEM, propusieron transformar los modelos de atención de salud reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar conductas que permitan, fomenten y toleren la violencia contra las mujeres.
A través de una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las legisladoras establecen que, para tal propósito, la Secretaría de Salud fomentará y propiciará las condiciones para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos.
Además, plantean “educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, a fin de dotarlos de instrumentos que les permitan otorgar una atención materno-infantil con perspectiva de género y promover un parto humanizado, intercultural y seguro que fortalezca el respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres”.
En el documento, turnado a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, indican que es preciso eliminar las violaciones reiteradas en materia materno-infantil y establecer las condiciones para la humanización del parto y el respeto médico de las decisiones de las mujeres.
Argumentan que, ante la falta de un marco jurídico que incorpore los derechos humanos de las mujeres, la pertinencia cultural y una perspectiva de género se realizan procedimientos rutinarios que no precisamente tienen sustento en evidencia científica y que causan daño físico, humillaciones y prácticas médicas degradantes para la dignidad e integridad de las mujeres.
“Se justifica también que, en nombre de la necesidad médica, no se respete la autonomía reproductiva y la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos”, agrega.
De ahí que se requieran acciones de política pública con perspectiva de género, diseñadas desde la interseccionalidad e interculturalidad, para combatir la violencia obstétrica y garantizar el respeto del derecho a la salud de niñas, adolescentes y mujeres, librándolas de los graves efectos de la violencia, con medidas que garanticen su acceso universal a los servicios de salud obstétrica.
Explican que, tanto la Ley General de Salud como la NOM-007-SSA2-1993, denominada “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio”, regulan la atención obstétrica; sin embargo, la norma oficial no incluye el término “violencia obstétrica” ni preceptos dirigidos al personal de salud en el sentido de educar para evitarla y promover el parto humanizado con pertinencia intercultural.
Las legisladoras destacan la importancia de incluir en el marco normativo la promoción de un parto humanizado y un enfoque basado en derechos humanos, que evite el maltrato y la violencia hacia la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica.
Añaden que “la atención tiene que brindarse con perspectiva de género e interculturalidad”, con lo cual se reconocerá a las mujeres mexicanas el derecho a un parto digno a nivel biológico y psicológico, ya que podrán elegir y/o evitar procedimientos invasivos e innecesarios, con acceso a información sobre cómo evoluciona el trabajo de parto y el estado de salud de su hija o hijo.
