• El diputado Pérez Navarrete (Morena) impulsa iniciativa de reforma al Código de Comercio
Con la finalidad de que la Secretaría de Economía provea un árbitro de manera gratuita, que podrá ser un servidor público con facultades para la solución de controversias, el diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete (Morena) impulsa una iniciativa para reformar el Código de Comercio.
Plantea adicionar un inciso c) a la fracción III del artículo 1427 de ese ordenamiento jurídico, para que el arbitraje se convierta en un mecanismo alternativo de solución de controversias atractivo y efectivo para la población en general.
Con el propósito de fortalecer el derecho humano de acceso a la justicia, a través de ejercer el arbitraje, la reforma permitirá que la ciudadanía tenga como derecho, sin distinción alguna, el acceso a este mecanismo, para hacer valer sus intereses mediante una impartición de justicia rápida, gratuita y eficaz.
El diputado Pérez Navarrete refiere en la exposición de motivos que el arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias que no ha sido explotado en nuestro país debido a los altos costos que esto conlleva.
Destaca que con esta iniciativa se tendrá como beneficio el acceso a la justicia más eficiente, sin importar la capacidad económica de la ciudadanía y propiciará que los tribunales tengan un flujo de trabajo más eficiente y con menos carga.
La propuesta, remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, precisa que con esta reforma se pretende fortalecer el derecho humano de acceso a la justicia a través de recurrir al arbitraje.
Menciona que el artículo 17 de la Constitución Política prevé el derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva o acceso a la justicia, la cual debe ser prestada de manera pronta, completa e imparcial.
El documento resalta que es deber de los integrantes de la Cámara de Diputados respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, por lo que debemos estar a la vanguardia y mantenernos firmes para que toda la normatividad mexicana se mantenga en ese mismo orden de principios.
