• El diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI) plantea modificar la Ley Federal del Trabajo con ese propósito
• La iniciativa se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen
Con el propósito de que sea obligación de los patrones implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de discapacidad, el diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI) propuso modificar la fracción XXXI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen, refiere que dicho protocolo será un instrumento esencial para evitar y sancionar cualquier trato desfavorable o discriminatorio hacia las y los trabajadores con esta condición.
Añade que la implementación contribuiría significativamente a garantizar la igualdad en todos los aspectos laborales de las y los mexicanos con discapacidad desde las contrataciones, el salario, la asignación de tareas y responsabilidades, los ascensos, capacitaciones, y beneficios.
También, señala, promoverá la cultura de respeto a los derechos, creará mayor conciencia entre las y los compañeros de trabajo y evitará y sancionará cualquier caso de acoso o violencia en su contra por parte de jefes, supervisores, colaboradores, trabajadores o cualquier otra persona, tales como clientes o consumidores.
Precisa que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 revela que por lo menos uno de cada cuatro mexicanos mayores de edad cree que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo y que casi 60 por ciento de las personas con discapacidad declararon haber experimentado insultos, burlas, amenazas, empujones o jalones, siendo los lugares de trabajo uno de los escenarios más frecuentes de estas reprochables conductas.
En su iniciativa, subraya que se debe reconocer la prevalencia de la discriminación y violencia contra las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su vida, particularmente en el laboral. “Se trata de brindar a las personas, así como a las autoridades competentes, una herramienta para prevenir, denunciar y sancionar las acciones, prejuicios y violaciones de que pudieran ser objeto en sus centros de trabajo”.
Añade que en el largo camino para alcanzar la igualdad y ejercer sus derechos, las personas con discapacidad no sólo enfrentan falta de oportunidades para encontrar empleo, sino que, además, deben soportar ser blanco de acoso, burlas e incluso violencia por su condición y no cuentan con los mecanismos adecuados y confiables para denunciar estas conductas.
