• Se debe anteponer en todo momento el interés superior de la niñez
• La diputada Berenice Juárez Navarrete (PAN) planteó modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
La diputada Berenice Juárez Navarrete (PAN) propuso reformar el artículo 28 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que los procedimientos de adopción sean en todo momento expeditos, ágiles, sin más trámites, plazos o requisitos que los estrictamente necesarios, anteponiendo en todo momento el interés superior de la niñez.
La iniciativa señala que, según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México hay aproximadamente 33 mil niñas, niños y adolescentes viviendo en algún centro de asistencia social, privados de estar en familia y en comunidad.
Una de las principales causas de ello, añade, es que en nuestro país se prioriza más la institucionalización del cuidado de los menores en situación de desamparo, que su integración a un núcleo familiar donde sea posible su desarrollo integral.
Resalta que miles de procesos de adopción se encuentran detenidos entre largos y tediosos trámites burocráticos, mientras los obstáculos administrativos para que se concreten adopciones, provocan el estancamiento de los juicios. Uno de los principales contratiempos es la resolución judicial de los menores de edad, pues un juez debe determinar si son idóneos para ser adoptados, hecho que puede prolongarse por largo periodo, incluso de años.
Ello, añade, por la búsqueda de los padres o familiares biológicos del infante o de la espera para que los padres biológicos acepten que no pueden hacerse cargo de ellos y cedan los derechos para que el menor sea jurídicamente apto para ser adoptado. Derivado de ello, así como del resto de trámites administrativos y judiciales, los procesos de adopción en nuestro país pueden durar hasta 5 años.
El documento enfatiza que “cada día que pasa para las niñas y niños que habitan en centros de asistencia social, representa una posibilidad menos de poder ser adoptados e integrados a un entorno familiar, pues la mayoría de personas que inician trámites de adopción, prefieren a menores de 0 a 4 años”.
Refiere que datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, durante 2020 se registraron sólo 23 adopciones, 16 más que en 2019 cuando se contabilizaron siete.
Afirma que la adopción, como disyuntiva de cuidado alternativo, representa el principal mecanismo que permite garantizar el derecho que tiene toda niña, niño y adolescente a vivir en un entorno familiar que le brinde protección y cuidado, estabilidad material y emocional, dotándolos de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta.
No obstante, adoptar en el país puede ser un proceso complejo y lento para quienes aspiran a ser padres o madres, llegando a representar una verdadera prueba de resistencia.
Por ello, indica, “hay una deuda social del sistema, ya que este no está funcionando alrededor de los niños”. Su estancia en espera de adopción debe ser del menor tiempo posible, debiendo responder en todo momento el cumplimiento de sus derechos.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictaminación.
