• Busca dar cumplimiento a sentencia de la Corte sobre acción de inconstitucionalidad promovida por CNDH: diputada Guerra Castillo (PRI)
La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) presentó una iniciativa para modificar la Ley Nacional del Registro de Detenciones y facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a expedir los lineamientos para la funcionalidad, operación, respaldo, reconstrucción, seguridad y conservación de la información que integra la base de datos del Registro.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, propone adicionar las fracciones VII Bis y VII Ter en el artículo 11, y un artículo 16 Bis, así como derogar el segundo párrafo del artículo 16 de esa ley.
Plantea que dicha dependencia emita Protocolos de Seguridad para la atención de hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos; desarrollará e implementará un sistema de alertas y bloqueos que la plataforma emitirá en caso de que ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos.
Además, se considerará que la base de datos está en riesgo cuando se manipulen de manera inusual sus contenidos, no se cumplan con los plazos y tiempos necesarios para el registro o se presenten, en los términos de los lineamientos de funcionamiento, situaciones relevantes que ameriten su atención.
Asimismo, cuando ocurran incidentes que violenten los privilegios de acceso, o que den lugar al ingreso no autorizado al Registro, casos en los cuales la Secretaría deberá implementar el Protocolo de Seguridad que garantice la continuidad de la operación de la plataforma y la integridad de la información.
Estipula que la atención inmediata de las alertas y bloqueos que en cada caso emita la plataforma estará a cargo de las personas que se desempeñen en el nivel de administrador y supervisor, quienes además de ejecutar las acciones que se enlisten en el Protocolo de Seguridad deberán notificar su atención a la unidad administrativa que determine la Secretaría.
En la exposición de motivos, la legisladora explica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la constitucionalidad de algunas disposiciones contenidas en este ordenamiento al considerar que no cumple a cabalidad todos los elementos mínimos exigidos por la Constitución, ni prevé qué actuación deberá desplegar el Registro y su personal cuando acaezcan hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos.
También da lugar a dos interpretaciones sobre el registro de las detenciones por parte de la Fuerza Armada permanente, lo que genera incertidumbre jurídica, pues no acota de manera adecuada y suficiente su actuación al realizar labores de apoyo a la seguridad pública.
Señala que a juicio de la CNDH “implica una regulación deficiente e imprecisa en materia de registro de las detenciones, que se traduce en una vulneración a los derechos humanos como la integridad personal, la seguridad, e incluso la vida de las personas privadas de la libertad por autoridades militares”.
Destaca la necesidad de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas y que los destinatarios de la norma tengan certeza de los alcances de la regulación y de la actuación de las Fuerzas Armadas en las detenciones.
