· Se esperan más de 300 nuevos amparos en los próximos días, adelanta
· Desde hace casi 200 años de historia, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido como ocurre hoy ante López Obrador, cita
· AMLO no debe llamarse sorprendido. Desde un principio se le advirtió que habría un alud de amparos y recursos de inconstitucionalidad contra el contenido de su Ley “preferente”, recuerda
· Ministros Gutiérrez Ortíz Mena; Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat; Esquivel Mossa, y González Alcántara-Carrancá; pondrían en riesgo la estabilidad del país si deliberan bajo presiones y amenazas del Ejecutivo, alerta
Ante la oleada de amparos que, se espera, lleguen en los siguientes días a tribunales contra la recién publicada Ley de Industria Eléctrica impulsada por el Ejecutivo Federal, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados planteó la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga los litigios y emita una sentencia que norme el criterio a seguir por el Poder Judicial. Ello –dijo- permitiría también frenar la persecución del Presidente de la República contra jueces, como está ocurriendo en el caso de Juan Pablo Gómez Fierro.
“¿Para qué dañar al país con meses de un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización cuando pudiéramos evitar estas diferencias?” cuestionó Antonio Ortega Martínez, Secretario de la Comisión de Hacienda de este recinto legislativo, quien recordó que tanto diputados como senadores y gobernadores, han coincidido en la necesidad de incorporar a la Suprema Corte en este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica por lo que -subrayó- “esta es la oportunidad”.
El legislador perredista señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretendió dar la vuelta a una definición emitida en febrero pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte, y presentó ante la Cámara de Diputados, una ‘iniciativa preferente’ donde se modifican –de nueva cuenta- aspectos fundamentales de la Constitución de la República. El mandatario supo de las irregularidades jurídicas, y que habría un alud de recursos de inconstitucionalidad y amparos de todo tipo contra el contenido de su iniciativa”. De hecho, afirmó, en los próximos días se esperan 300 más.
En este contexto -añadió- lo que procedería es que la Presidencia recurra a un Tribunal colegiado para intentar echar abajo la sentencia provisional y el fondo del amparo recién otorgados por el juez Gómez Fierro, quien se encuentra a la espera de un estudio a fondo sobre los reclamos de los afectados contra los actos que se desprendan de la publicación -en el Diario Oficial- de la Ley de la Industria Eléctrica; además de que también escuchará a la representación del gobierno.
Ortega Martínez agregó que en caso de que la SCJN tomara la decisión de atraer este debate, serán necesarios ocho votos, mismos que pueden generar cierta inquietud tomando en cuenta el proceder de ministros y ministras como Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa, y Juan Luis González Alcántara-Carrancá, quienes han destacado por sus posturas ambiguas en casos de sentencias polémicas.
“Habría que recordar que la Suprema Corte ha tenido votaciones de constitucionalidad resueltas por un voto de diferencia. Ministros como Norma Piña Hernández; Javier Laynez Potisek; Alberto Pérez Dayán; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales, y José Fernando Franco González-Salas, han actuado con definiciones clásicas, éticas, profesionales y académicas; pero en contrasentido, ha habido dudas de Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea”.
“Creo –expuso- que estos dos ministros, por sus antecedentes en la toma de decisiones, más los votos de Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, pudieran significar una mayoría que declarara la ‘constitucionalidad’, y sumir al país en una mar de incertidumbre política, jurídica y de inestabilidad social, aun cuando la principal responsabilidad política de la Corte, es preservar el equilibrio entre los poderes de la Unión”.
Antonio Ortega acusó que “desde hace casi 200 años, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido” como ocurre hoy ante AMLO, por lo que alertó que “una decisión estimulada por presiones y amenazas por el poder y la necesidad del Ejecutivo, podría dañar de manera irremediable la estabilidad del país”.
Finalmente, a nombre de las y los diputados del PRD, Ortega Martínez hizo un llamado a las y los ministros de la Corte para que se ordene al Legislativo, realizar los ajustes pertinentes conforme mandata nuestra Carta Magna, con base en las resoluciones del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, así como de la sentencia emitida el 3 de febrero pasado por la Segunda Sala de la propia SCJN que declaró la invalidez de 22 disposiciones de la llamada “Ley Nahle”.
