- Propone María de los Ángeles Dávila que se coordine con el Poder Judicial y la Codhem para fortalecer las medidas de prevención y sanción de violencia.
- Plantea Miriam Escalona que la información generada por los sujetos obligados en la Ley de Transparencia se traduzca a lenguas originarias.
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local expuso la necesidad de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) colabore con el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para fortalecer las medidas de prevención, atención y sanción de violencia cometida hacia niñas, niños y adolescentes, debido a que ha crecido durante la emergencia sanitaria
De acuerdo con la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas, el confinamiento por la pandemia de covid-19, el aumento de los niveles de estrés, la inseguridad económica, alimentaria y el desempleo han provocado un incremento récord de 24% en las carpetas de investigación por violencia familiar, que suman en el primer semestre de 2021, 129 mil 20.
Además, la pandemia ha dejado en el país 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y toda vez que muchos de estos menores perdieron a sus cuidadores secundarios, como sus abuelos o parientes mayores, la cifra de menores huérfanos en el país se eleva a 141 mil 132.
Esta situación, indicó, justifica el trabajo colaborativo de las citadas instancias para fortalecer las medidas de prevención y sanción de violencia cometida hacia niñas, niños y adolescentes.
La propuesta se remitió a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia.
Proponen que información de transparencia se traduzca a lenguas originarias
Los sujetos obligados garantizarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y en caso de que se solicite, realizar la traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas residentes en el Estado de México, propuso la diputada Miriam Escalona Piña, en nombre del grupo parlamentario del PAN.
La iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios busca precisar que las autoridades obligadas deberán asumir la responsabilidad de traducir la información requerida por personas pertenecientes a las comunidades indígenas, a fin de evitar vacíos legales e interpretaciones ambiguas.
Se remitió a estudio a las comisiones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y de Asuntos Indígenas.
