• Busca la diputada Sayonara Vargas (PRI) adiciones a la Ley General de Desarrollo Social con ese propósito
• Expone que las transferencias directas sólo alivian las carencias en un corto plazo
La diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) propuso adicionar la Ley General de Desarrollo Social, a fin de constituir el “Programa para el crecimiento inclusivo”, a efecto de promover la inserción y facilitar la vinculación de la población en condiciones de pobreza, a través de acciones de inclusión social, productiva, laboral y financiera para mejorar el ingreso de las familias beneficiarias.
Ello, mediante la formulación, coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación de su ejecución, así como establecer medidas de corresponsabilidad para mejorar la educación, salud, alimentación, la generación de ingresos y el acceso a los derechos sociales establecidos en esta Ley.
Plantea que la Secretaría de Bienestar promovería la coordinación necesaria con el pueblo de México, los tres órdenes de gobierno e instituciones privadas, a efecto de fortalecer y proponer mejoras a las acciones de dicho Programa.
También, deberá elaborar, aplicar y coordinar los sistemas de recolección, análisis, supervisión y evaluación de información de las familias beneficiarias de dicho programa, añade la iniciativa que adiciona un Capítulo IX “Del Programa para el Crecimiento Inclusivo” al Título Cuarto, y un artículo 71 Bis a la Ley General de Desarrollo Social.
En los considerandos del documento, enviado a la Comisión de Bienestar, se expone que una política social se construye con herramientas que comprueben ser eficientes al contribuir a los indicadores nacionales de desarrollo social y avalen el impacto positivo en la sociedad, principalmente de los más pobres.
Menciona que las transferencias directas sólo alivian las carencias en un corto plazo, pero no garantizan que los beneficiarios gasten el dinero en acciones que les permitan reducir su pobreza a largo plazo.
De acuerdo a la CEPAL, durante este sexenio México se encuentra ubicado como el cuarto país con mayor incremento en el porcentaje de personas en situación de pobreza y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos, refiere.
Menciona que una política pública requiere de metodología, de investigación, de focalización, de evaluación y reformulación y precisa que mientras hace tres años había 51.9 millones de personas en pobreza, el año pasado sumaron 55.7 millones.
Por ello, propone una herramienta metodológica que propicie una mejora en la evaluación y focalización de la política social en México para el máximo aprovechamiento de recursos públicos, que realmente impacten en el desarrollo social, prioritariamente a las zonas que se encuentran en situación de pobreza.
