• El diputado Huacus Esquivel (PRD) señala que la finalidad de la iniciativa es limitar la intromisión del titular Poder Ejecutivo
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD) impulsa una iniciativa de reforma constitucional para establecer que el presidente de la República, por ningún motivo deberá realizar actos públicos que generen presión o coacción a los electores un año antes de las próximas elecciones presidenciales.
El documento, convertido a la Comisión de Puntos Constitucionales, pretende agregar un párrafo al artículo 83 de Constitución Política.
El legislador argumenta que la finalidad de la iniciativa es limitar la intromisión del titular Poder Ejecutivo a futuro, “resguardando la libertad de los ciudadanos, con el objetivo de no permitir actos que coaccionen a los gobernados manteniendo la imparcialidad de los procesos electorales”.
Menciona que “los presidentes en México son piezas fundamentales para la representación de la democracia; por ello, debe acordarse el principio de imparcialidad que deben mantener en los procesos de democracia”.
“Son quienes deben proteger la base democrática neutral de nuestro sistema político, su trabajo debe ser el de velar por la salud, seguridad, educación y economía de sus ciudadanos en su sexenio y no la elección del siguiente presidente”, subraya.
Refiere que la libertad de expresión, como elemento de la democracia, permite a los ciudadanos discutir con una perspectiva crítica sobre los titulares del poder público, así como debatir reflexivamente para formar posturas frente a los problemas colectivos y del poder en el gobierno.
Agrega que los gobernantes, como funcionarios públicos tienen la misma libertad de expresarse en relación a la vida pública de nuestro país; Sin embargo, “debemos considerar que el derecho a la libertad de expresión no puede ser ejercido por encima de los derechos humanos de terceros”.
Puntualiza que tanto la Constitución Política como la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen límites explícitos para nuestro ejercicio del derecho a la libre expresión; por ende, “es nuestra responsabilidad desde nuestro ámbito de competencia no propiciar la violencia, la discriminación ni la divulgación de mentiras”.
