• Diputadas y diputados reforman la fracción X del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
• El dictamen, avalado por unanimidad, se remitió al Senado de la República
La Cámara de Diputados aprobó establecer que los programas que promuevan proyectos de infraestructura productiva y social que fomenten el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas, se realicen de conformidad con la Política Nacional.
El documento, avalado por unanimidad de 475 votos, reforma la fracción X del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Resalta la necesidad de crear y seguir impulsando programas y políticas públicas que tomen en consideración la actividad pesquera ribereña, toda vez que ha sido una actividad que para una gran parte de la población económica es poco apreciada y abordada.
De acuerdo con Conapesca, hasta 2017 habían aproximadamente 74 mil 286 embarcaciones de pesca ribereña a nivel nacional; sin embargo, la cifra sigue creciendo, lo que permite a diversas comunidades costeras subsistir ante la falta de oportunidades y la única fuente de empleo es dicha actividad.
Otorgarles certeza jurídica a los pescadores
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Pesca, la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena), señaló que la finalidad es que los programas de fomento al desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas se realicen conforme al Plan Nacional, en donde se considera a los productores como actores centrales de los procesos de solución a sus problemas y de atención a sus necesidades para el bienestar de ellos y sus familias.
Indicó que México cuenta con diversos instrumentos jurídicos, políticas públicas y demás programas que han permitido que la actividad pesquera se fortalezca, además de integrarla de forma efectiva a los programas de desarrollo sustentable y sostenible que permita el bienestar de las personas que dependen de ella.
Las políticas públicas que anteriormente se empleaban, dijo, no tomaban en cuenta a los ciudadanos que se encargaban de ejercer la actividad pesquera, cuando ellos son los principales actores que permiten que la actividad se mantenga a flote, a pesar de las precariedades por las que pasaban.
Por ello, afirmó, es necesario otorgarles certeza jurídica a los pescadores, en específico a los que se dedican a la pesca ribereña, ya que las personas que la practican son de escasos recursos que habitan en las costas y que ante la necesidad de sobresalir invierten tiempo y esfuerzo en esta actividad, y viven en un enorme rezago en cuanto infraestructura y acceso a los servicios básicos como salud, educación, agua y drenaje.
Consideró vital que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura considera los programas integrales de carácter transversal, de conformidad con la Política Nacional.
Demanda de miles de pescadores y acuicultores
El promovente de la reforma, diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) precisó que por justicia social se debe rescatar a la pesca, a la acuacultura y a sus actores, “ya que es factor necesario para la producción sostenida de alimentos con calidad y la autosuficiencia alimentaria”.
Añadió que la propuesta recoge un legítimo sentir y justa demanda de miles de pescadores y acuicultores del sector social, que habitan en comunidades que presentan un marcado abandono por falta de programas, obras y proyectos de carácter integral para el debido desarrollo social.
