· Veremos de nueva cuenta saturados tribunales, juzgados y la Suprema Corte con recursos de todo tipo para echar abajo esta ley que se caerá también porque está provocando más perjuicios que beneficios, advierte
· El PRD apoya los esfuerzos del Gobierno Federal para combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos; pero no puede secundar el hecho de que -en aras de aplicar la denominada “la Cuarta Transformación”- se caiga en diagnósticos de un problema que terminan dejando peor, subraya
· La desgracia de este sexenio será su singularidad: Dejar los problemas del país más mal de como los encontraron, afirma
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos enviadas a esta soberanía por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que son violatorias de la Constitución y que, de nueva cuenta, será interpelada ante tribunales, juzgados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación al contravenir leyes y acuerdos firmados por México a nivel nacional e internacional.
Al presentar el posicionamiento en contra ante el Pleno del recinto legislativo de San Lázaro, Antonio Ortega Martínez dejó en claro que el PRD apoya los esfuerzos del Gobierno Federal en el sentido de combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos; sin embargo, no puede secundar el hecho de que -en aras de aplicar lo que Morena y López Obrador han denominado “la Cuarta Transformación”- se caiga en el diagnóstico de un problema y atenderlo tan mal, que acaban por dejarlo peor, y ello ha sido un particularidad de este sexenio en todas las materias.
“Así ha sido en salud y vacunación; en materia de outsourcing; en Pemex; electricidad; programas sociales; transporte aéreo; austeridad, etcétera. Este afán de reformar todo ‘porque estaba mal’ para dejarlo todavía peor”… “La desgracia de este sexenio, será su singularidad: Dejar los problemas del país peor de como los encontraron”, adujo.
En el caso de la Ley que ahora discutimos, abundó, bajo el pretexto de siempre: “corregir abusos”, en realidad lo que busca es destruir los usos y eliminar el Mercado de Hidrocarburos porque no les gusta el mercado, no lo entienden; pero estas modificaciones se caerán también porque provocan más perjuicios que beneficios”, enfatizó.
“En un mercado siempre hay intereses enfrentados y conflictos de todo tipo porque, por esencia, son espacios de competencia económica, pugna comercial y disparidad tecnológica, explicó, y para eso están la autoridad, los reguladores y las instancias administrativas y jurisdiccionales, para resolverlos”.
Con la propuesta enviada por el Presidente, agregó el perredista, no se busca corregir el abuso, normar la competencia de mejor manera, fortalecer a los árbitros, sino eliminar el mercado energético en donde, obviamente, Pemex debe participar y competir con otras firmas; pero el gobierno de la cuarta transformación no quiere ni competencia ni inscribir a Pemex en ella.
El gobierno dice: “Los particulares, la iniciativa privada, a quienes despectivamente se nombra ‘los privados’, pretenden únicamente el lucro, son ventajosos, voraces y corruptos, y doblegaron a los gobiernos anteriores que les firmaron contratos leoninos”.
Sin embargo, agregó, ustedes recordarán la fábula del león que pide a sus socios de cacería, (entre ellos un zorro), que repartan la presa. El zorro tiene el buen tino de cortar una pequeña parte de la presa para repartirla entre ellos y entrega al León la gran parte, “la tajada del león”. ¿Estaremos ante esta circunstancia? Seguro que sí.
“Creo que los argumentos del gobierno son de un simplismo absoluto porque los abusos se pueden corregir ante las instancias adecuadas, contrato por contrato y, en el caso de fallas en la Ley, se puede reformar si los abusos son consecuencia o producto de una legislación mal hecha; pero lo que no se puede hacer –aseveró- es eliminar subrepticiamente el mercado porque resulta lesivo para el país e implica una mayor carga para Pemex que, como Empresa Pública del Estado, debiese redefinir su capacidad y buscar su eficiencia en segmentos o nichos de mercado”.
El diputado federal recordó que Pemex dejó de ser la “Empresa Paraestatal” de antaño y, por ende, no tiene la obligación de satisfacer las necesidades de energía del país. Ni es conveniente, ni puede intentarlo porque sometería a México a un gran riesgo de insuficiencia que afectaría su soberanía energética.
Pemex –aclaró- es una Empresa Pública del Estado obligada a ser eficiente y tener utilidades o, por lo menos, no ser una carga presupuestal ni que se agobie por atender toda la demanda de energía de un país como México.
“El marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. El Estado tiene la obligación de fortalecerlo para que empresas como esta, el sector social y el privado nacional y extranjero, concurran con libertad. Desafortunadamente, destacó, nada de esto es considerado en la iniciativa del Presidente”.
Para que Pemex y otras empresas productivas del Estado junto a los particulares puedan participar en actividades energéticas, aclaró, requieren de permisos; pero –de acuerdo con estas reformas que promueve el Ejecutivo- podrán otorgarse o no, sin plazos determinados y utilizando el permiso para restringir el acceso a los interesados pese a cumplir con los requisitos establecidos y razonables vinculados con la seguridad, capacidad operativa o infraestructura, expuso.
Precisó que la Ley faculta a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la “seguridad nacional, energética, o para la economía nacional”; y al no definir dichos conceptos ni establecer criterios para su clara aplicación, se genera una amplia discrecionalidad que, en consecuencia, atenta contra lo que dice nuestra Constitución.
“Esta Ley, remató Antonio Ortega, es inconstitucional y veremos de nueva cuenta saturados tribunales, juzgados y la Corte con recursos de todo tipo para echarla abajo ¿y saben qué? Se caerá también porque está provocando más perjuicios que beneficios”.
