Ciudad de México, a 14 de julio de 2023.- Según el Código Penal Federal, el terrorismo es un delito contra la seguridad de la nación y lo define de esta manera: comete el delito de terrorismo el que “utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.” Las sanciones también se aplican “al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.” Cabe recordar, además, que el país es parte de numerosos mecanismos internacionales relacionados con lucha contra el terrorismo.
No es nuevo el hecho de que grupos criminales utilicen tácticas terroristas. Fue el caso del ataque ocurrido en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2008, que dejó nueve muertos y más de 90 personas heridas. Es por lo tanto ya larga la trayectoria de violencia extrema que se ha agravado en los últimos años, con intenciones claras de infundir temor en la sociedad. No puede ser otro el sentido de las masacres, del uso de explosivos para masacrar policías o soldados o civiles, de los videos con torturas, de los secuestros masivos, o del asesinato de candidatos. Es inmoral ocultar esta realidad en aras de una simulación política con fines electorales. Es en cambio indispensable y urgente que el gobierno federal reconozca que la impunidad criminal avanza a un ritmo cada vez más acelerado y con métodos cada vez más despiadados.
Causa en Común ha insistido e insistirá en que debe reconocerse la gravedad de las distintas expresiones de violencia que desgarran al país, en que debe formularse una auténtica estrategia de seguridad, en que deben construirse capacidades civiles de inteligencia y reacción, y en que, desde ahora, debe actuarse con todas las herramientas legales e institucionales con que cuenta el país. No hacerlo implica, lisa y llanamente, una negligencia criminal.
