MANAGUA, 14 sep (Reuters) – El gobierno de Nicaragua anunció el lunes que impulsará una reforma legal a fin de incluir e instaurar la pena de cadena perpetua para castigar los crímenes “atroces” y de “odio”, en un país donde la Constitución establece que ningún ciudadano puede pasar más de 30 años en prisión.
El presidente izquierdista Daniel Ortega, que cuenta con mayoría en el Parlamento, lanzó la iniciativa luego de que dos hermanas, de 10 y 12 años respectivamente, fueran violadas y muertas a machetazos por un hombre en una zona rural del norte del país el fin de semana.
“El presidente de la República ha orientado a las autoridades una reforma a las leyes (…) proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio, crueles y aberrantes”, dijo la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo.
Pero para reformar esa ley el Parlamento tiene que modificar la Constitución que establece, en su artículo 37, que nadie puede pasar más de 30 años en prisión y que los sistemas penitenciarios tienen la función de reeducar a los presos.
Pero la iniciativa fue cuestionada por algunos sectores.
“Eso va en contra del derecho penal moderno, sería una violación a los derechos humanos y siembra más suspicacias en un país donde no hay estado de derecho, donde los tribunales de justicia no son independientes”, dijo a Reuters el jurista José Pallais, exdiputado y expresidente de la Comisión de Justicia del Parlamento.
En las últimas dos semanas, cuatro niñas han sido violadas -incluyendo las dos asesinadas el fin de semana- en una ola de violencia que las feministas califican como una falta de protección del Estado. Cifran en 60 los feminicidios en lo que va de 2020, seis más que los registrados en todo 2019.
Ortega, según Pallais, podría usar la cadena perpetua para castigar a sus enemigos políticos que protestan desde 2018 contra su Gobierno, en unas manifestaciones que han cobrado la vida de 328 personas, la mayoría a manos de la policía y grupos armados a fines al mandatario, según organismos de derechos humanos.
El mandatario, catalogado por sus adversarios como un dictador porque domina todos los poderes del Estado, alega en cambio, que es víctima de un plan de la “derecha nicaragüense” financiada por la extrema derecha de Estados Unidos.
