María Amparo Casar
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Como en cualquier otra parte del mundo, en México la crisis económica producto de la emergencia sanitaria afectará más a quienes menos tienen. Organismos nacionales e internacionales calculan que, como producto de la pandemia, entre 9 y 12 millones mexicanos y mexicanas en el país caerán en la pobreza próximamente. Estos se añadirían a la ya de por si preocupante cifra de 61.1 millones de pobres por ingresos (48% de la población total) que según Coneval (2018) no pueden adquirir siquiera la canasta alimentaria, ni bienes y servicios básicos.
A diferencia de otros países que además de apoyos directos a la población más desposeída han implementado diversas medidas dirigidas a la supervivencia o apoyo a empresas de todos tamaños para que puedan preservar el empleo, el gobierno ha decidido mantener básicamente inalterado su programa de gobierno: continuar sus programas prioritarios anunciados desde diciembre de 2018, mantener sus proyectos de infraestructura y proseguir con sus programas sociales de bienestar. Aparte de esto, ha anunciado el adelanto (lo cual implica descontar después) de dos bimestres de la pensión universal de adultos mayores y discapacitados, reforzar los programas sociales de Tandas al Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro (sin presupuesto adicional) y fortalecer la política de austeridad.
La única nueva medida ante la crisis del COVID-19 ha sido la de ofrecer 2 millones de créditos a la palabra a pequeñas empresas y negocios informales cada uno por 25,000 pesos. Este apoyo no tendría costo fiscal pues es un crédito pagadero en un plazo de tres años y con tasa de interés del 6% [1] pero ante la magnitud de la crisis la medida resulta francamente insuficiente.
A partir del estudio Magnitud del Impacto social del COVID-19 en México y alternativas para amortiguarlo publicado por el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES) se calcula que, en caso de que todos los créditos fueran aprobados y entregados, en el lapso de los siguientes 6 meses su impacto sería insignificante: solamente impedirían que 130 mil o el 1% de los 12 millones de pobres adicionales que se esperan, caigan en esa situación. Una gota en el océano.
La situación de emergencia requiere algo más si hemos de creer que el gobierno de López Obrador está realmente comprometido con su expresión de primero los pobres. Hay mucho de dónde escoger, pero podría comenzarse con 4 medidas que por separado o en conjunto serían más eficaces y que son perfectamente viables en términos de su costo-beneficio.
Está en primer lugar la medida de duplicar por tres meses las transferencias de programas sociales [2]. Esta medidaeequivaldría a una transferencia promedio mensual de $2,666 pesos por hogar, por un lapso de 6 meses y beneficiaría a 9.7 millones de hogares en donde resida al menos un beneficiario(a) de programas sociales. El costo alcanzaría los 25,860 millones de pesos y evitaría que 1.73 millones de personas entraran a la pobreza.
Puedes revisar la investigación completa al dar clic aquí.
Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/primero-los-pobres/
