La empresa Stellantis México deberá desinstalar los ductos no autorizados
En el marco del plan para sanear el Río Lerma, la Profepa hizo una visita de inspección a la empresa Stellantis México, ubicada en Toluca, Estado de México. Durante la revisión, los inspectores encontraron que dos ductos de su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales desembocan en el Canal Totoltepec, por lo que impusieron una clausura total temporal y medidas urgentes que debe de atender a la brevedad.
La visita de inspección se llevó a cabo del 26 al 28 de febrero; en ella se encontró que esta empresa descarga sus aguas residuales a un afluente del Río Lerma-Santiago. También se encontró una tubería de aguas residuales sin medidor y sin conexión a la Planta de Tratamiento. Ante la falta del medidor y la conexión a la Planta, no se tuvo la información concluyente sobre los posibles efectos a la salud humana o el medio ambiente, por lo cual, al amparo del principio precautorio, se procedió a la clausura del ducto.
Asimismo, se identificó que el ducto destinado al suministro de agua de servicios sanitarios se conecta a la descarga de aguas residuales de origen industrial y también desemboca en el Canal Totoltepec. Este ducto carece de medidor y no garantiza un tratamiento adecuado, ya que la mezcla de aguas residuales no está autorizada en el permiso de descarga.
La Profepa estableció las siguientes medidas correctivas de aplicación urgente:
- Desinstalar permanentemente los ductos no autorizados.
- Presentar información documental que evidencie la totalidad de los ductos y/o canales relacionados con el manejo de aguas residuales en el establecimiento.
“Esta visita de inspección forma parte de los trabajos que realiza esta Procuraduría para avanzar en la limpieza y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país, entre ellos el Río Lerma. Queremos decir claramente que no habrá tolerancia para que se continúen realizando descargas contaminantes a los cuerpos de agua. Hacemos un llamado a las empresas a asumir sus responsabilidades”, afirmó Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de protección al ambiente.
