A fin de garantizar la reparación del daño a las víctimas de delitos, la diputada federal integrante del grupo parlamentario del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, presentó iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de reparación del daño y protección a las víctimas de delitos.
Herrera Anzaldo destacó que con esta medida se propone establecer la garantía de cumplimiento de reparación de daño a la o las víctimas e incorporar la posibilidad de financiamiento de programas y acciones para la prevención de actividades ilícitas, protección de derechos humanos, así como para implementar políticas públicas en materia de salud.
“Hoy el congreso tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios en todas las leyes que determinen un proceso delictivo que sea susceptible para la reparación del daño, poniendo a la o las víctimas en el centro, no a las políticas clientelares”.
La legisladora mexiquense precisó que si bien la extinción de dominio significa la pérdida de los derechos sobre los bienes que son producto del delito, en este sentido se establecía en el texto derogado en 2020, la posibilidad de que las víctimas pudieran reclamar la reparación cuando, en términos de la ley, este procediera para resarcir el daño; eliminar esta garantía a las víctimas, obedeció al propósito de eliminar los fondos y fideicomisos para que el gobierno actual dispusiera y reorientara los recursos a fines de su propio gobierno y agenda.
Esto no se ha podido precisar y estaremos atentos, en acuerdo con las normas de transparencia, para revisar su destino y también que dichos recursos lleguen a mujeres, niñas, niños, jóvenes que han sufrido y han sido vulnerados en sus derechos, espetó.
Finalmente, señaló que los programas a los cuales se destinará su aprovechamiento, no necesariamente beneficiarán a las víctimas directas e indirectas que fueron afectadas, a raíz de los delitos cometidos para la obtención de dichos bienes, dejándolos desprotegidos y sin derecho a la reparación, violando gravemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta iniciativa busca darle garantías a aquellos que fueron vulnerados y por ley deben gozar de la debida compensación.
