Para armonizar la legislación mexiquense con la federal en materia de organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión de cualquier autoridad, la diputada Brenda Escamilla Sámano, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, planteó expedir la Ley de Archivos del Estado de México y Municipios y abrogar la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México.
En sesión de la Diputación Permanente, el diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez (PAN) leyó la iniciativa y subrayó que busca promover la organización y administración homogénea de archivos, además de preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del Estado de México y sus municipios para salvaguardar la memoria estatal y municipal.
Además, indicó, la iniciativa incluye la integración del Archivo General del Estado de México, así como el Sistema Estatal, el Consejo Estatal de Archivos y un grupo interdisciplinario que establezca los valores, vigencias documentales y, en su caso, los plazos de conservación y disposición documental.
Mencionó que los archivos son una herramienta que promueve la transparencia y la rendición de cuentas y, por lo tanto, hace al espacio público un espacio de todos; recordó que para fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, la Ley General de Archivos determinó que en el plazo de un año las legislaturas de cada entidad deberían armonizar sus ordenamientos relacionados con esa ley, por lo que es prioritario el estudio, discusión y aprobación de la propuesta.
“Con la aprobación de esta iniciativa, el Estado de México no solo cumple con un mandato federal, sino que fortalece su estructura organizacional e institucional, impulsa la coordinación a nivel federal, estatal, municipal, entre poderes y entre los ciudadanos, y sin duda alguna, genera credibilidad ante las personas gobernadas”, puntualizó.
La presidenta de la Diputación Permanente, la legisladora Mónica Álvarez Nemer (morena), comunicó que la iniciativa fue enviada para su análisis a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción.
