Que entre las obligaciones de los conductores de vehículos automotores esté la de utilizar Sistemas de Retención Infantil (SRI) o asientos de seguridad, en el caso de que alguno de sus ocupantes sea un menor de 12 años o que por su constitución física lo requiera, propuso al Pleno de la 60 Legislatura la diputada Ingrid Schemelensky Castro, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
En la exposición de su iniciativa, la legisladora recordó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los accidentes de tránsito ocupan el noveno lugar entre las principales causas de defunción en el mundo, suponen la pérdida de más de 1.2 millones de vidas y traumatismos no mortales a cerca de 50 millones de personas y provocan, cada año, la muerte de 186 mil 300 menores en percances automovilísticos.
Agregó que en el Estado de México, 36% de los egresos hospitalarios registrados por ocupantes en accidentes de tránsito y 21% de las defunciones fueron de menores de 19 años, y que solo 16% de los ocupantes menores de 12 años utilizan los SRl, según el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México 2017.
Explicó que el cinturón de seguridad es el dispositivo individual más efectivo para reducir la gravedad de las heridas en caso de accidentes automovilísticos, sin embargo, indicó, cuando se trata de menores no es igual, ya que la complexión de sus cuerpos es diferente a la de los adultos, por lo que en vez de protegerse con el cinturón pueden lastimarse en caso de colisión.
“Con un Sistema de Retención Infantil adecuado, en caso de colisión se protege al menor de impactar contra la estructura del vehículo, distribuyendo la energía producida a través de su estructura, evitando daños sobre los tejidos blandos de los niños”, puntualizó.
De acuerdo con el Manual de Seguridad Vial de la OMS, detalló la legisladora, en un niño de entre cinco a nueve años se reduce hasta en 52% el riesgo de sufrir heridas en un Sistema de Retención Infantil, en tanto que si solo usan cinturón de seguridad el riesgo solo se reduce en 19%. Añadió que en menores de 4 años, los riesgos con el sistema se aminoran hasta 50% mirando hacia adelante y 80% en un sistema mirando hacia atrás.
También puntualizó que para el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, el uso de un SRI debe ser una obligación establecida por la ley y las autoridades deben realizar de forma permanente difusión acerca de la necesidad de un SRI adecuado, lo que puede reducir la cantidad de vidas infantiles que se pierden en los accidentes de tránsito, acciones que deben acompañarse de una estrecha vigilancia y orientación por parte de los policías de tránsito.
La iniciativa, que fue turnada para su análisis a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública y Tránsito, plantea la adición de la fracción XI al artículo 8.16 del Código Administrativo del Estado de México.
Propone el PVEM incrementar los recursos destinados al campo
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón propuso, en nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, reformas al Código Administrativo del Estado de México, para que la Legislatura asigne cada año recursos equivalentes al 1% del total del Presupuesto de Egresos a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.
La legisladora explicó que para continuar con los ideales de justicia social del jurista Andrés Molina Enríquez, en el marco del aniversario de su natalicio, se debe hacer hincapié en la falta de recursos que permitan a los productores adquirir semillas, fertilizantes y tecnología que se traduzcan en productos de mayor calidad y mejor rendimiento de la superficie sembrada, y con ello, puedan dar sustento a sus hogares.
Apuntó que en México existen aproximadamente 30 millones de hectáreas cultivables, que representan alrededor del 16% del territorio nacional, y que del total del área dedicada a la producción agrícola, cerca del 70% es de temporal y el resto de riego. Precisó que las políticas públicas en la materia puestas en marcha en los últimos 25 años han contribuido a genera la difícil situación que hoy impera en el agro mexicano.
La diputada aseguró que el campo dejó de ser una estrategia de desarrollo nacional, pues los trabajadores agrícolas se han convertido en jornaleros y asalariados de una tierra que no les pertenece.
La iniciativa fue remitida a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal, para su análisis y dictamen.
