- La LXII Legislatura mexiquense ha aprobado reformas para penalizar el aborto sin consentimiento de la madre y apoyar a quienes tienen hijos y estén embarazadas en centros de reinserción social.
- Además, analizan iniciativas para combatir la violencia vicaria y sanciones para padres que no participen en gastos.
La protección a una maternidad libre ha sido parte de la agenda de la LXII Legislatura mexiquense desde su arranque en septiembre de 2024, lo cual ha permitido aprobar reformas para penalizar el aborto sin consentimiento de la madre y apoyar a quienes tienen hijas e hijos, o están embarazadas, en centros de reinserción social; además de que se analizan iniciativas para combatir la violencia vicaria, así como sanciones para padres que no participen en gastos.
La interrupción del embarazo, en caso de practicarse sin el consentimiento de la persona gestante, se reconoció como un delito cuya pena es de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa. Si en su comisión se emplea violencia física, psicológica, obstétrica o negligencia en los cuidados ginecobstétricos, la pena prevista podría llegar a 15 años de prisión.
Además de estas sanciones, el personal médico, de enfermería o partería que realice el procedimiento después de las 12 semanas de gestación, será suspendido hasta seis años en el ejercicio de su profesión y podrían ser hasta 20 años en caso de reincidencia.
En cuanto a las mamás privadas de su libertad, en el Paquete Fiscal 2025 se designaron cinco millones de pesos para el cuidado de niñas y niños que viven con sus madres en los Centros de Reinserción Social del Estado de México, a fin de otorgar canastas alimentarias y vestido para las y los menores, así como 400 mil pesos para el acondicionamiento de espacios acordes a las necesidades de las mujeres embarazadas en cada uno de estos centros.
A propuesta de las bancadas del PVEM, PAN y PRD, en comisiones se analizan iniciativas referentes a la violencia vicaria, reconocida como un acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental.
Del PVEM, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa propuso incluir esta violencia como causal para acabarse y suspenderse la patria potestad; la congresista Miriam Silva Mata planteó establecer estas conductas entre los tipos de violencia familiar y sancionarla con hasta siete años de prisión; la parlamentaria Gloria Vanessa Linares Zetina pidió considerarla entre los tipos de violencia del ámbito familiar y que requieren protección, con lo que la víctima podría interponer demanda de estos hechos ante la jueza o juez de primera instancia.
En tanto, las bancadas del PAN y del PRD plantearon penas de cuatro a ocho años a quien cometa el delito de violencia vicaria, pero podrían ser hasta 10.5 años si se incurre en daño físico a las hijas o hijos de la víctima, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, o mascotas con las que la mujer tenga una relación afectiva.
En otro sentido, el PAN también propuso crear la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, así como garantizar ayuda monetaria para continuar sus estudios y recibir atención médica a niñas y adolescentes gestantes; imponer cinco años de cárcel al padre que no participe en gastos del embarazo y admitir el procedimiento sumario de pensión alimenticia, en caso de enfermedad de hijas e hijos.
