Las diputadas Martha Garay Cadena y Laura Barrera Fortoul, integrantes del GPPRI, solicitaron que, de manera inmediata, se informe sobre las acciones que se han tomado para erradicar los errores de traducción en lenguaje de señas durante la conferencia presidencial matutina, con el objetivo de dar cumplimiento al derecho a la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, las legisladoras federales pidieron un informe fehaciente sobre cuál es la pericia profesional con la que cuentan los traductores de lenguaje de señas, para que el mensaje presidencial pueda ser entendido por todos y cada uno de los ciudadanos con discapacidad.
Destacaron que la inclusión social de las personas con discapacidad, permite que nuestra sociedad crezca y se fortalezca, propiciando la equidad, donde todas las personas sin excepción tengan la misma oportunidad de desarrollarse.
Las diputadas Garay Cadena y Barrera Fortoul subrayaron que, en nuestro país, mucho se ha trabajado en esta materia, donde se han diseñado políticas públicas enfocadas en el fortalecimiento de la inclusión, para garantizar el derecho a que las personas que viven con alguna discapacidad tengan un óptimo desarrollo personal, mejorando su calidad de vida.
Sin embargo, para construir una sociedad incluyente, se debe trabajar de manera constante y responsable en una cultura de participación de todos los actores sociales, solo así podremos aspirar a que todos podamos gozar de las mismas oportunidades, como es el caso de las personas con discapacidad auditiva, que ven en el lenguaje de señas el medio para comunicarse y sentirse incluidos.
Lamentablemente, recordaron las diputadas del GPPRI, en días pasados se expuso en diversos medios de comunicación la falta de profesionalismo de quienes se encargan de transmitir el mensaje presidencial, durante las conferencias matutinas, donde el traductor de Lengua de Señas de manera reiterada se queda en largos silencios y el mensaje se traduce con señas inventadas o erróneas, lo cual ya se había denunciado con anterioridad, al poner a este grupo de personas en un estado de exclusión, por lo que exhortaron a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de la República, a que, en el marco de sus competencias y atribuciones, lleve a cabo acciones para corregir esta situación.
