● Menos del 1% de los materiales consumidos en América Latina y el Caribe se reutiliza o recicla, muy por debajo del promedio global de 7.2%: BID
● “México ya elevó su estándar regulatorio, pero aún necesita cerrar la brecha operativa que permita cumplirlo”, asegura Ignacio Parada, CEO de Bioelements
Ciudad de México, 11 de mayo de 2026. México inició una nueva etapa en materia ambiental. La Ley General de Economía Circular, publicada en el DOF el 19 de enero de 2026 y en vigor desde el día siguiente, marca el tránsito desde un modelo lineal de producir, usar y desechar hacia uno que busca extender la vida útil de los productos, reducir residuos y reincorporar materiales a la economía.
Sin embargo, el punto de partida no es menor. En América Latina y el Caribe, menos del 1% de los materiales consumidos vuelve al sistema productivo mediante reúso, reciclaje o reparación, muy por debajo del promedio global de 7.2%, según el según el Circularity Gap Report para América Latina y el Caribe, elaborado por el BID, CEPAL, PNUMA y ONUDI.
Con este nuevo marco, la circularidad deja de ser voluntaria para convertirse en política pública. La ley introduce obligaciones concretas como la implementación de esquemas de responsabilidad extendida del productor, mediante los cuales fabricantes e importadores deberán hacerse cargo del impacto ambiental de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.
Asimismo, incorpora conceptos clave como diseño circular, análisis de ciclo de vida, trazabilidad y registros de gestión, elevando el estándar: ya no basta con producir o comercializar, sino que las empresas deberán demostrar qué ocurre con sus materiales, residuos y cadenas de valor.
En este contexto, soluciones de empaque con atributos como compostabilidad certificada, contenido reciclado postconsumo (PCR) y materiales de origen biobasado comienzan a adquirir mayor relevancia. Estas alternativas permiten a empresas y retailers avanzar en metas de circularidad, incluso en escenarios donde la infraestructura aún es limitada.
En paralelo, el Ejecutivo Federal deberá expedir el reglamento de la ley dentro de los 180 días posteriores a su entrada en vigor, mientras que el Programa Nacional de Economía Circular deberá publicarse en un plazo similar una vez emitido dicho reglamento. El desafío estará en la velocidad y claridad con que estas disposiciones se traduzcan en reglas operativas, metas sectoriales e indicadores verificables.
Este reto cobra mayor dimensión al considerar el estado actual de la gestión de residuos en México. De acuerdo con el INEGI, en 2022 se recolectaron en promedio 108,146 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. No obstante, sólo 5,661 toneladas ingresaron a plantas de tratamiento, de las cuales se recuperó apenas el 42.3%.
Además, únicamente 83 municipios reportaron contar con plantas de tratamiento y sólo 62 disponían de centros de acopio de reciclables, lo que equivale a apenas 2.5% del total nacional. A esto se suma una fuerte concentración territorial: una tercera parte de la recolección se concentra en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.
A nivel regional, el panorama es igualmente desafiante. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que un tercio de los residuos urbanos en América Latina y el Caribe termina en tiraderos a cielo abierto o en el entorno natural, mientras que sólo se recupera alrededor del 10%. Además, más de 35 mil toneladas diarias no se recolectan, afectando a más de 40 millones de personas.
En este contexto, la ley mexicana llega en un momento crítico: cuando ya no es suficiente mejorar la recolección, sino que se vuelve indispensable rediseñar productos, cerrar ciclos de materiales y escalar sistemas de valorización.
De acuerdo con Ignacio Parada, CEO de Bioelements, empresa especializada en soluciones de packaging sostenible, “México ya elevó su estándar regulatorio, pero aún necesita cerrar la brecha operativa que permita cumplirlo”.
Para las empresas, este nuevo escenario implica prepararse desde ahora: desarrollar sistemas de trazabilidad, evaluar alternativas de rediseño de envases y anticipar esquemas de responsabilidad extendida que serán definidos en el reglamento.
“Frente a este panorama, la prioridad debe ser anticiparse. El nuevo marco favorece productos con diseño circular, menor uso de material virgen, mayor incorporación de materias primas secundarias y una reducción en la disposición final. Esto abre espacio para soluciones que hoy ya están disponibles y que pueden acelerar la transición”, agrega Parada.
La Ley General de Economía Circular abre así una discusión más profunda para México: no sólo cómo gestiona sus residuos, sino cómo diseña, produce, consume y recupera desde el origen.
Sobre Bioelements
Bioelements es una empresa fundada el 2014 en Chile, especializada en el desarrollo de soluciones de packaging biodegradables, compostables, biobasadas y con contenido reciclado postconsumo (PCR). La compañía cuenta con más de 30 formulaciones propias, diseñadas para adaptarse a distintos contextos regulatorios y necesidades de mercado, permitiendo a sus clientes cumplir con normativas ambientales tanto a nivel local como internacional.
Actualmente, Bioelements tiene presencia en Estados Unidos y ocho países de América Latina (México, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Centroamérica), y trabaja con más de 250 clientes a nivel global. Sus soluciones incluyen bolsas, films y productos flexibles que pueden integrarse a líneas de producción convencionales, facilitando la transición hacia modelos más sostenibles sin requerir grandes cambios operativos.
Además, la compañía cuenta con más de 45 certificaciones internacionales y ha sido validada por más de 50 laboratorios y universidades, incluyendo estándares como TUV, BPI Compostable y USDA Certified Biobased Product en Estados Unidos. Sus materiales están diseñados para degradarse en distintos entornos, incluyendo compostaje industrial, domiciliario, rellenos sanitarios y condiciones naturales específicas
