• Expertos explican el panorama y problemas que presenta este fenómeno
Con el objetivo de escuchar a especialistas, se realizó en la Cámara de Diputados el foro “Violencia vicaria. La garantía y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en los conflictos parentales”, del que se recopilarán elementos que ayuden a dictaminar uno de los temas más sensibles en esta Legislatura.
En el evento, organizado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, su presidenta, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), indicó que cuando se habla de legislar este tema en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se requiere avanzar con precaución a fin de lograr que los sistemas de protección encuentren una base jurídica que permita su máximo potencial.
Explicó que el pasado 8 de marzo se aprobó un dictamen que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se considera a la violencia vicaria como una agresión distinta a la familiar y que incluye sanciones a las personas servidoras públicas que retrasen o entorpezcan el desarrollo de los asuntos relacionados en la materia.
Puntualizó que este tema se ha convertido en un debate nacional que merece ser analizado. “En esta Comisión tenemos ya tres iniciativas turnadas sobre violencia vicaria; es fundamental este foro porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en las manos y no somos ajenos a este debate”.
Del PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo dijo que el rostro de la violencia vicaria son las madres e hijos separados, debido a que el padre agresor, al no poder seguir violentando a la mamá, utiliza a los hijos para causarle sufrimiento, pero cuando acuden a las autoridades existen complicidades.
“Todos aquí conocemos muchos casos que podemos contar, sabemos que normalmente tiene que ver con la conclusión de una relación de pareja donde la mujer requirió de mucho valor para hacerlo, pero es donde también comienza la pesadilla para ella y los hijos e hijas”, detalló.
La diputada Marisol García Segura (Morena) puntualizó que este foro servirá para enriquecer las iniciativas que han sido turnadas a la Comisión, a fin de proteger a las infancias de los efectos de este tipo de violencia, que puede definirse como la agresión que busca hacer daño a una mujer a través de sus hijas e hijos.
“Este puede consistir en sustraer a las y los menores de edad sin el consentimiento de la madre, mintiendo a las niñas y niños para que se pongan en contra de ella o, incluso, hacer daño físico a las propias hijas e hijos, simplemente para provocar dolor y angustia a la madre”, dijo.
Panel I
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García y moderador del Panel 1: “Los derechos de niñas, niños y adolescentes en los procesos de conflicto parental, desde una perspectiva interseccional”, dijo que éste es un espacio no solo necesario para la función legislativa, sino que está en perspectiva de la materia en discusión.
“El tema que se discute debe colocarse en el paradigma de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de evitar un choque para que, en el afán de proteger los derechos de las mujeres, no afectemos los de los menores”, explicó.
José Antonio Ruiz Hernández, de la oficial nacional de Protección a la Infancia de UNICEF, aclaró que cuando la violencia se presenta en edades tempranas, al normalizarla se tiene mayor vulnerabilidad ante la agresión sexual o de pareja. Dijo que los procesos de crianza deben estar acompañados de mecanismos de protección contra la violencia.
Aseguró que las adolescentes son las más afectadas por la multiplicidad de violencia en México, pues no son sujetas solo por su edad, sino por su género, y muchas veces las instituciones no están preparadas para responder a esta situación. “No se les dota de herramientas a fin de tener un mecanismo protector”.
La magistrada Laura Angélica Ángeles Zamudio, coordinadora de Jueces Civiles del Poder Judicial de Guanajuato, explicó que los menores son sujetos de derechos, como la no discriminación, la participación, el desarrollo, la inclusión, la representación efectiva y el acceso a una vida libre de violencia, por lo que resulta de suma importancia que no sean apartados en la resolución de conflictos.
Mencionó que en los juicios donde hay violencia entre niñas, niños, adolescentes y/o mujeres, se debe ver el tema de la lealtad procesal de las y los abogados, porque el juzgador requiere analizar cuestiones de género, vulnerabilidad, derechos de niñas, niños, adolescentes y derechos de las mujeres, pero también de la otra parte, pues en la práctica es difícil resolver una orden de protección, cuando hay dos panoramas totalmente distintos.
En su turno, Diana Mora, de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana, resaltó la relevancia de abrir espacios donde se discuta la protección de los menores, ya que se les trata como propiedad privada y se les coloca en mayor desprotección.
Dijo que deben atenderse de manera diferenciada los conflictos de la violencia porque hay niveles impresionantes de agresiones dentro de las familias. Si se trata de resolver un conflicto como si fuese una violencia, se terminará afectando a las distintas partes.
Panel II
Cinthya González Téllez Girón, especialista en Derechos Humanos y moderadora del Panel II: “Impactos de la violencia ejercida en los procesos de conflicto parental en niñas, niños y adolescentes”, indicó que en el último año el tema de la violencia vicaria tomó mucha fuerza a nivel nacional.
Mencionó que, aunque se sabe que les corresponde a las entidades asignar presupuesto a las fiscalías locales, se debe fortalecer el recurso, pues no siempre los menores cuentan con abogados que representen a sus intereses.
Laura Karina Ramírez Jiménez, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del estado de Hidalgo, expuso que la brecha de género provoca que mujeres sigan asumiendo el papel del cuidado y crianza, cuando debe ser responsabilidad compartida.
Propuso establecer mecanismos de reeducación para quienes ejercen responsabilidades paternales y escuchar a los menores, a fin de garantizar una toma de decisiones benéfica a su desarrollo, además de fortalecer a las procuradurías de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Yuli Pliego, abogada litigante de la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, aseguró que es un momento importante para reflexionar sobre un tema complejo, pues de pronto, en el ritmo que ha llevado este fenómeno de violencia, nos lleva a correr en un terreno donde se debería gatear, porque al revisar las legislaciones nos damos cuenta de que faltan cosas por precisar.
“Hay que entender que los conflictos familiares son cotidianos en las relaciones en los que muchas veces están involucrados los menores, pero no quiere decir que sea de manera maliciosa, sino porque forman parte del núcleo, por lo que es válido que de repente tengan rechazo hacia uno de sus progenitores, sin que ello signifique manipulación”.
Por último, Gabriela Polo Herrera, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), dijo que es fundamental colocar al centro de la discusión legislativa el interés superior de la infancia, ya que no solamente es la armonización del marco legislativo, sino también de las políticas públicas y la coordinación interinstitucional.
“Nos toca trabajar en el cambio cultural para encontrar mejores formas de transmitir y transformar la crianza que tenemos, que es una cultura adultocéntrica y patriarcal, que ha colocado a los menores en una situación de mayor vulnerabilidad”, concluyó.
