- Zaldívar Lelo de Larrea conoció las irregularidades que se han detectado en el Poder Judicial mexiquense.
- Lamentó que el presidente López Obrador no atenderá a las víctimas.
- Se está formando un frente para hacer valer la Amnistía a nivel nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conoció las demandas de familiares de decenas de personas injustamente presas en el país, así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
El abogado José Antonio Lara Duque, integrante del colectivo, dio a conocer que el ministro-presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a través de su secretario particular, conoció las irregularidades que se han detectado en el Poder Judicial mexiquense, que impiden liberar a víctimas de procesos jurídicos irregulares.
“Es notorio que el ministro-presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, conozca las demandas de manera directa de los familiares de las víctimas, quienes explicaron detalles de la actitud de una buena parte de los integrantes del Poder Judicial mexiquense”, afirmó.
Lara Duque aprovechó para reconocer la reforma que impulsa al interior del Poder Judicial federal, acorde a las demandas del proceso social que requiere nuestro país para estos tiempos y, resaltó que la SCJN analizará y acompañará el proceso de amnistía de las víctimas mexiquenses.
“De manera particular la debida aplicación del artículo cuarto, en su fracción doce, donde se explica de manera clara que cuando la Comisión estatal reconozca estas irregularidades, el proceso de liberación será inmediata”, dijo.
Lamentó que durante la jornada de protesta de este jueves, no pudieran enterar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la presencia de familiares que buscan la debida aplicación de la amnistía, “ya que la solicitud de anuencia se realizó con anticipación».
El defensor del pueblo acotó que en esta jornada participaron colectivos del estado de México, Jalisco, Colima, Baja California, Guerrero, Oaxaca y de Chiapas, “todos piden la debida aplicación de la Ley de Amnistía, mecanismos que el presidente López Obrador prometió durante su campaña hacia la Presidencia de la República.
Recordó, en el caso de Chiapas, que casi una centena de estudiantes normalistas fueron agredidos, encarcelados y procesados, por manifestaciones públicas pacíficas y que ahora continúan con procesos penales pendientes.
En el caso de Guerrero, resaltó el caso de la activista y defensoras de los derechos humanos, Kenia Inés Hernández Montalván, quien continúa en prisión con diversos cargos derivados de la protesta social realizada en su natal Guerrero y en el estado de México.
