- La titular de la CODHEM señaló la situación actual que se vive en Latinoamérica y las aportaciones de los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos.
- Presentó la propuesta de crear organismos de defensa en materia migratoria y de refugiados, así como garantizar la aplicación del principio de no devolución mediante el derecho humano a la buena administración pública.
Toluca, Estado de México, 20 de julio de 2023.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, representó a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) en la Quinta Cumbre Iberoamericana de Movilidad Humana y Derechos Humanos «De la palabra a la Acción», organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
Durante su participación en la Mesa Redonda «Retos, desafíos y respuestas de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías y otras instancias ante los nuevos contextos de protección internacional en la región», pidió advertir los problemas globales que presentan la realidad de Latinoamérica «con una realidad cruda, convulsa, en una situación que viven nuestros países como la falta de empleo, de salud, inseguridad, impunidad, crisis económica, inflación, crisis política, corrupción, narcotráfico, violaciones estructurales y sistemáticas de derechos humanos, cambios climáticos, entre muchos otros».
Ante ese panorama, precisó que los organismos de tutela no jurisdiccional de los derechos humanos se han convertido en instancias que aportan soluciones parciales a la crisis de justicia que actualmente viven los tribunales jurisdiccionales, así como la promoción y protección de los derechos humanos; al igual que en los temas específicos de acceso al territorio, la aplicación del principio de no devolución y la figura del tercer país seguro, para los que aportan soluciones prácticas, pero insuficientes.
Al hablar de la importancia del acceso al territorio, expuso la propuesta de crear organismos de defensa en materia migratoria y de refugiados, que aseguren su derecho humano a una defensa y al debido proceso; y para hacer una realidad el principio de no devolución, agregó que las y los migrantes deben vivir los derechos consignados en el ámbito internacional, a través de mecanismos locales como el derecho humano a la buena administración pública.
