CDMX, 11 de diciembre de 2019.- México Justo.Org retomó un caso de negligencia médica de hace 21 años en Monterrey, Nuevo León y que fue incluso analizado por la Suprema Corte de Jus¬cia de nuestro país, y lo llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, misma que podría darle la razón a la víc¬ma y obligar al estado mexicano a reparar el daño por violaciones graves a los derechos humanos.
La asociación civil especializada en observar la actuación del Poder Judicial en México, conoció de este caso hace algunos meses y decidió emprender acción para llevar ante la CIDH el caso de la familia Ficsher Garza radicada en la capital de Nuevo León.
El 18 de enero de 1998 en un hospital de la ciudad de Monterrey, la niña Johanna Fischer Garza, de entonces 12 años de edad, ingresó con graves moles¬as en su cabeza, mismas que después de estudios médicos determinaron que eran causados por un coagulo que ameritaba una intervención quirúrgica, la cual se llevó a cabo al siguiente día.
Nueve días después de la operación, la paciente, quien permaneció todo ese ¬empo totalmente inconsciente, despertó mostrando una imperiosa necesidad de recibir oxigeno de forma mecánica.
La madrugada del treinta de enero de 1998, los familiares de la paciente recibieron una sorpresiva llamada debido a que la menor se había puesto grave, mostrando daños como visión desorbitada, rigidez en sus piernas, manos y dedos, entre otros.
Los médicos informaron a la madre de la niña, Alejandra Garza, que Johanna debía ser nuevamente operada, con el fin de colocarle una válvula, ya que a decir del médico, este ¬po de pacientes presentan afectaciones derivadas de hidrocefalia, lo que requería una nueva intervención quirúrgica.
Los crecientes daños mostrados en el estado de salud de Johanna después de que le fuera re¬rado el oxígeno ar¬ficial eran en diferentes zonas cerebrales, como las cor¬cales frontales derecha e izquierda, lo que revelaba que el daño adicional en la niña y que muy probablemente había tenido su origen al no haberle sido aplicado el respirador mecánico con el protocolo adecuado y que por ello permaneció por lo menos dos minutos sin oxígeno, determinó un análisis hecho por otro médico.
De esta manera Johanna Ficsher Garza presenta desde entonces una condición de cuadriplejia total, lo que la hace totalmente dependiente, así como de persona afásica, es decir que no puede hablar ni deglu¬r, además de una vista afectada en un gran porcentaje.
Al sen¬rse engañada y abiertamente afectada, Alejandra Garza, madre de Johanna, decidió presentar en 1999 una denuncia penal ante el Ministerio Público Número Uno del Primer Distrito Judicial del estado de Nuevo León, con el fin de que se inves¬gara el actuar de los médicos y las enfermeras.
A par¬r de allí, la Procuraduría local y los Ministerios Públicos que conocieron el caso realizaron constantes e injus¬ficados retrasos en la inves¬gación, como por ejemplo nunca exigir que los responsables exhibieran las copias legibles y completas de todo el expediente clínico de Johanna, y cuando se presentó éste tenía innumerables fojas ilegibles, alteradas y carecían de la totalidad de los documentos solicitados.
Ante las pruebas de la familia, la Procuraduría de Nuevo León intentó cerrar el caso a lo largo de los años, declarando el no ejercicio de la acción penal en contra de los médicos y enfermeras, lo que mo¬vó a que se interpusieran múl¬ples amparos por parte de la familia.
Ante la ac¬vidad legal encabezada por la madre de Johanna, la enfermera responsable decidió promover la prescripción de la acción penal, la cual al principio fue negada, pero posteriormente el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal, resolvió conceder dicho amparo y la protección federal al determinar que sí había operado la prescripción de la acción penal a favor de la enfermera, lo que benefició en su momento a todos los posibles responsables.
Dicha resolución del Juez de Distrito fue atacada por Alejandra Garza mediante el recurso de revisión, del cual le tocó conocer a la Suprema Corte de Jus¬cia de la Nación (SCJN) al ejercer su facultad de atracción.
Después de todos estos años Johanna, ahora de 33 años y su madre Alejandra Garza, no han podido recibir obtener jus¬cia, ya que el 21 de mayo de 2019 la SCJN determinó confirmar la resolución que protege a la enfermera y en consecuencia operó en su favor la prescripción de la acción penal por los delitos de lesiones culposas, responsabilidad médica y falsificación de documentos.
A decir de los especialistas de México Justo en derechos humanos y miembros de su Comité Académico, los abogados Lawrence Flores y Edith San Agus n, en este caso todas las autoridades judiciales del país que lo tuvieron bajo su revisión, incluida la SCJN, violentaron los derechos humanos de Johanna y de su madre Alejandra como son: sus derechos al acceso a la jus¬cia, al recurso efecivo, a la defensa de los menores, a la vida, a la salud, a la integridad corporal, a la jus¬ca con perspec¬va de género y al de tener un proyecto de vida, entre otros.
En el afán de buscar jus¬cia para esta familia regiomontana, el pasado 22 de noviembre del presente año, México Justo presentó formalmente una pe¬ción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando la protección de los derechos violentados a las víc¬mas y en consecuencia que el estado mexicano sea declarado responsable por violaciones a éstos.
En este momento, la pe¬ción de México Justo se encuentra en la etapa de estudio por parte de la Comisión, es decir el periodo en el cual ésta realiza una revisión de si la pe¬ción reúne los requisitos establecidos en el ar culo 28 de su Reglamento y dar pie a una decisión de dar trámite o no a la denuncia.
Los especialistas de México Justo coinciden en afirmar que dada la gran can¬dad de información que ¬ene el caso, el cual supera las 15 mil fojas donde consta la batalla legal de la familia Garza en la obtención de jus¬cia para Johanna, y que además exige un informe de parte del estado mexicano, mismo que debe ser presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la resolución del caso puede demorar algunos meses.
