La diputada Elba Aldana Duarte (morena) destacó, como un ejemplo de participación ciudadana, las reformas constitucionales sobre la revocación del mandato del presidente de la república, al señalar que en México la discusión sobre la participación de la ciudadanía ha estado atrasada, como resultado del predominio de una confusión conceptual en la que los sujetos sociales y políticos hablan de participación en un sentido meramente figurativo.
Durante el noveno foro para la creación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de México, celebrado en Mexicaltzingo, la legisladora dijo que la intervención de los ciudadanos, como una nueva forma de concebir la política, les permite involucrarse en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos donde no sólo se debata, sino que se decidan y vigilen las políticas y acciones de gobierno.
También destacó la relevancia de estos foros para la elaboración de la nueva ley, pues los ciudadanos son quienes nutren, con sus vivencias y comentarios, la discusión sobre la participación ciudadana en el ejercicio y control del gobierno, el cual constituye «un terreno complejo y políticamente confuso».
Por su parte, la diputada María Lorena Marín Moreno, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la 60 Legislatura, explicó que en los sistemas democráticos la participación política es un derecho ciudadano y un componente esencial para su funcionamiento; señaló que existen diferentes expresiones sociales que inciden en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, por lo que es importante construir espacios y mecanismos de articulación gobierno-sociedad civil.
Habló de la importancia de la corresponsabilidad, en la que los servidores públicos estén obligados a desempeñar sus funciones de manera responsable, comprometida y apegados a la la ley, pero también que los ciudadanos tengan el mismo compromiso y se conduzcan responsablemente.
Advirtió que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece, en su Informe sobre la Democracia en América Latina 2004, el concepto de ‘ciudadanía integral’, el cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin límites sus derechos civiles, sociales y políticos. «Un régimen que asegure estos tres tipos de derechos a su sociedad ya no es un régimen de democracia electoral, sino una democracia de ciudadanía», precisó.
Recordó que con la realización de 20 foros en todas las regiones del estado, los integrantes de la comisión que preside buscan que el marco jurídico responda a las exigencias de los mexiquenses, permitiendo mejores canales de comunicación con el gobierno y así acceder a mejores niveles de bienestar.
El presidente municipal de Mexicaltzingo, José Vicente Estrada, y el secretario del ayuntamiento, Edgar Hernández Montoya, reconocieron el trabajo de las legisladoras ante la necesidad de impulsar la participación ciudadana y mejorar la comunicación y la relación entre los ciudadanos y sus gobernantes.
En su ponencia, Ana Luisa Sosa López, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que la participación ciudadana es un derecho humano, por lo que toda persona, sin importar si condición social o filiación política, tiene derecho a participar en los asuntos de interés público.
Especificó que con la ley en elaboración se busca agrupar los mecanismos de participación que se encuentran dispersos en distintos reglamentos, así como especificar las obligaciones de las autoridades, entre ellas la de trabajar en una cultura de fomento de la participación y la de hacer llegar a la ciudadanos información sobre los métodos de participación.
Dijo que es necesario diferenciar los mecanismos de participación ciudadana, tales como el referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato, mientras que los instrumentos de participación social, aclaró, se fundan en una convocatoria o regulación por parte de las autoridades, como es el presupuesto participativo o el cabildo abierto.
Miguel Ángel Salazar Solano, también de la UNAM, aseguró que el marco normativo en construcción debe incluir la intervención de las organizaciones de la sociedad civil como una forma de ejercer la participación ciudadana de manera colectiva; precisó que esas organizaciones deben ser legítimas y no responder a intereses partidistas, por lo que la ley también debe considerar mecanismos de sanción para dichos casos.
Consideró esencial incorporar en la legislación los principios de la gobernabilidad referentes a la obligación de los gobernantes de responder a las demandas y denuncias de los ciudadanos, y afirmó que no solo se debe construir esta ley, sino también, garantizar su operatividad.
Entre las peticiones que los ciudadanos asistentes hicieron destacan la implementación de mecanismos que les permitan influir en la determinación de los límites territoriales de sus municipios, la conservación de las lenguas indígenas y ser consultados sobre las decisiones de los alcaldes. Pidieron además que esta ley incluya mecanismos que obliguen a las autoridades a escuchar a los ciudadanos, así como acciones para mejorar la relación entre gobernantes y gobernados y para especificar las obligaciones de ambos actores.
Ante las peticiones de un grupo de defensores del parque La Pila de Metepec, donde se pretende construir instalaciones que albergarían a la Guardia Nacional, la legisladora Elba Aldana se comprometió a recibir su propuesta y revisarla en el Congreso local.
