En un gesto de voluntad Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hizo un llamado, en reunión con la Comisión Especial de la Ley de Amnistía del Congreso Local, a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del GEM, a la Comisión de Derechos Humanos estatal y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero para construir una coincidencia: ningún inocente, debe estar en prisión.
El titular del Poder Judicial de la entidad mencionó los avances en la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México, pues a la fecha, el tribunal mexiquense ha recibido 2 mil 990 solicitudes de liberación, y a través del análisis y estudio se ha otorgado el olvido legal a mil 104 hombres y mujeres que ahora cuentan con una segunda oportunidad de vida.
Además, respecto a la petición de las personas en huelga de hambre de considerar la liberación bajo la Ley de Amnistía de procesados y sentenciados por delitos graves, donde se establece que las solicitudes deben ser estudiadas si cuentan con recomendación de la CODHEM u organismos internacionales, durante la reunión se manifestó implementar el criterio jurídico del Poder Judicial Federal, de dar cumplimiento de las sentencias de amparo otorgadas a favor de sus familiares, que ordenan admitir y dar trámite a las solicitudes que ya cuentan con pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos Local.
Sodi Cuellar expresó que el Poder Judicial se plantea buscar esquemas de acceso a la justicia para analizar caso por caso a profundidad, ya sea mediante la Ley de Amnistía o con alternativas de preliberación. Aseguró que si hay injusticias se repararán, siempre escuchando a las víctimas , consolidando así al Poder Judicial del Estado de México como la institución de impartición de justicia más protectora de los derechos humanos.
Por su parte, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro propuso agotar las vías para ayudar a las preliberaciones, buscar posibles patrones en los casos de los llamados «injustamente presos» y crear un protocolo de actuación para evitar las injusticias tanto a imputados como a víctimas. Expresó que la coincidencia entre las instituciones y la sociedad civil organizada es la premisa de que «ninguna persona inocente debe estar presa».
Myrna García Morón, titular de la CODHEM y Max Correa, Diputado Presidente de la Comisión Legislativa en la materia, saludaron el gesto, así como el fundador del Centro Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, quienes confluyeron en que el trabajo comprometido y serio de todos los actores sociales como instituciones involucradas logrará llevar a la entidad a un ambiente de protección de los derechos humanos de todas las personas.
