El Gobierno federal ha impulsado diversas subastas de bienes públicos, cuyos montos y destinos no se encuentran claros, lo que pone en duda su transparencia y austeridad en el uso de los recursos públicos, observó el Grupo Parlamentario del PRI, al votar en contra, la reforma a las leyes, General de Bienes Nacionales y Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, al fijar la posición del PRI, pidió a legisladores y gobernantes autodenominados de la “cuarta transformación” a convencer con argumentos, porque la población califica la forma en que se gobierna y de acuerdo a las encuestas, hay un retroceso en el combate a la corrupción.
Explicó, ahora nos dicen que la Federación tiene dificultades para vender los bienes que han ingresado al patrimonio del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y por eso, quieren añadir en la ley la palabra sorteo para la enajenación de bienes, pero, sin ningún mecanismo de transparencia.
Roa Juvenal precisó, “para nuestra bancada, hay serias dudas de por qué la laxitud de la reforma cuando seguimos sin conocer el monto y destino de las subastas de bienes públicos que ha organizado el Gobierno”.
El legislador por el Estado de México, exhibió anuncios oficiales de los que no conocemos su conclusión, por ejemplo, el entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó la venta de una flotilla aérea adscrita al Gobierno federal, que constaba de 60 aviones y 70 helicópteros o la promesa del Presidente de la República, de obtener ingresos por mil 500 millones de pesos, producto de los decomisos que realiza la Fiscalía General de la República.
Este argumento de la falta de mecanismos de transparencia, lo reforzó la diputada tabasqueña, Soraya Pérez Munguía al explicar las debilidades jurídicas de lo aprobado por Morena y sus aliados, como eliminar los valores mínimos.
“Se establece que en todos los sorteos que se vayan a realizar, no haya un valor mínimo, es decir, no podríamos asegurar que se va a recibir el valor justo o el valor del mercado del bien que se pretende sortear y lo que necesitamos es precisar un procedimiento claro y transparente, incluso para los llamados remates de bienes”.
Otros errores son: el destino de los recursos que se obtengan de un sorteo no incluyen a la Secretaría de Gobernación, dependencia facultada y responsable de los sorteos, tampoco se alinea la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento, además de que se negó la creación de un Comité Intersecretarial, con la presencia de testigos sociales, que ayudaran a transparentar las rifas.
Soraya Pérez dijo “lejos de resolver un problema lo agrandan y abonan a la desconfianza y la incertidumbre porque ¿cómo van a determinar el valor, cuántos cachitos va a hacer, o van a ser siempre los 40 mil cachitos que hay en un sorteo? ¿Entonces eso implicaría que cualquier bien chico, mediano o grande se va a recibir la misma cantidad?, ¿quién va a determinar estos valores, quién va a hacer la puja de los valores? Como se hace normalmente en un remate.
Lucero Saldaña Pérez, diputada por el estado de Puebla, lanzó un llamado de las mujeres, para que el Gobierno se la rife con más recursos para la causa femenina y precisó, sí tenemos calidad moral para decir que hemos construido muchas de las instituciones y políticas que hoy gozamos, por eso hoy alertamos que esa lucha se mantiene, hasta conseguir la paridad y en el caso que nos ocupa, la económica.
“Por eso invitamos a los legisladores del partido mayoritario a no formar parte de una burla al pueblo de México, a modificar las leyes pero precisar en ellas, cómo se van a distribuir los recursos y apoyos, con transparencia, con honestidad y en igualdad”.
