- Sale a la luz la infodemia del gobierno que invisibiliza a las personas privadas de libertad.
- Ya no hay liberaciones. La desinformación se propaga desde las autoridades federales hasta el personal penitenciario y familiares, lo que ha derivado en protestas, huelgas de hambre y motines.
Al día de hoy, lunes 25 de mayo, el Sistema Penitenciario presenta 256 contagios (211 personas privadas de libertad y 45 custodias/os y/o personal penitenciario), 41 muertes (29 personas privadas de libertad y 12 custodias/os y/o personal penitenciario), 11 incidentes de violencia y 2 mil 688 liberaciones. A diferencia del reciente anuncio del Subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López Gatell, del aplanamiento de la curva de contagios, el panorama penitenciario no parece prometedor. Las prisiones a lo largo y ancho del país están sufriendo de una manera completamente diferente al resto de la población, y con ello suponen un sector exageradamente vulnerable donde el número de contagios y muertes sigue avanzando, mientras que la atención de las autoridades ha menguado notablemente en los últimos quince días.
En la conferencia de prensa del 24 de mayo, el Dr. López Gatell y el Dr. José Luis Alomía, al ser cuestionados sobre la actualidad del sistema penitenciario frente al Covid-19, respondieron de manera evasiva e inconclusa. Lo mencionado por ambos, no colabora en esclarecer la realidad a la que se están enfrentando las personas privadas de libertad y el personal penitenciario. Resaltando con particular atención y gravedad el hecho de que se señaló la inexistencia de una variable que identifique si una persona contagiada o fallecida, se encontraba en estado de reclusión al momento de contraer el virus. Además, citando al Dr. López Gatell, la noción de que “se ha logrado segmentar a la población para evitar más riesgos y contagios”, desde nuestro monitoreo en redes así como conversaciones con familiares y personas privadas de libertad en distintos puntos del país, es complicada de respaldar. Cabe señalar, además, que tal y como mencionamos en abril, el protocolo indicado por el Dr. López Gatell para atender la emergencia en los CEFERESOS, es inaplicable a la realidad de los centros estatales del país.
A comparación de nuestro último corte, publicado el pasado 11 de mayo, el flujo de información se hizo paulatinamente más lento, mientras que los reportes de la CNDH presentaban cifras difíciles de contrastar con lo publicado en medios de comunicación. A su vez, las autoridades parecen haber dejado de un lado la recomendación que se ha hecho reiteradamente desde la sociedad civil por acelerar los procesos preliberacionales como la mejor vía para atender la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población privada de libertad. Fue precisamente dicho 11 de mayo que pudimos constatar la última acción de liberaciones por parte de las autoridades, desde entonces no se ha dado seguimiento en ninguna de las entidades federativas del país.
Después de dos meses de que se presentara el primer caso de contagio de COVID-19 al interior de los centros penitenciarios, al día de hoy se han contabilizado un total de 211 casos de personas privadas de libertad. Este número, no obstante, aún siendo alarmante y elevado, continúa sin ser conclusivo ni exacto. A lo largo de las últimas semanas, según pudimos constatar, se han presentado protestas y demandas al interior de los centros que exigen atención médica ante los cuadros de enfermedad que presentan varios internos, dando cuenta de que podrían haber más casos de los que se confirman.
Si bien en algunas entidades se han implementado medidas para frenar la propagación, como cancelación de visitas, traslados, aislamiento a personas con síntomas y algunas preliberaciones, seguimos señalando que esto no es suficiente. Con el progreso de las últimas semanas, se ha hecho patente que la atención médica oportuna no ha sido una prioridad para el sistema penitenciario, lo cual por supuesto incluye la aplicación de pruebas a todas las personas y personal en los centros penitenciarios. La muestra mencionada en la conferencia del Dr. López Gatell de 11 centros con 1578 pruebas, no es sólo insuficiente sino también inverosímil que podría señalar la situación que se vive en los más de 300 centros que existen en el país, que albergan a más de 200,000 personas privadas de libertad, además de que es obvio que muchos centros se encuentran aislados entre sí.
En países como Ecuador, Estados Unidos e incluso Haití se han implementado pruebas no sólo a las personas que presentan un cuadro clínico similar al del COVID-19, sino a toda la población en prisión como en el caso de California en Estados Unidos, donde 443 de 1,055 personas dieron positivo a la prueba o el caso de Ecuador donde de una población de 610, 420 resultaron positivo.
En este sentido, las pruebas al interior de los centros se hacen imprescindibles, ya que las personas privadas de libertad se encuentran totalmente bajo responsabilidad del Estado, quien debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de estas minorías, su seguridad y sobre todo acceso a una atención médica efectiva, oportuna y de calidad.
Continuar con un subregistro como el que se ha presentado, donde en sólo 14 de las 32 entidades se han reportado casos de contagios, sólo contribuirá a continuar con esta cultura de corrupción, opacidad que subyace dentro de nuestro sistema de justicia, lo cual tiene como consecuencias, graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es necesario exigir a las autoridades de los 18 estados restantes, más de la mitad del país, a rendir cuentas como deben y detener ante todo que los abusos se sigan replicando.
Ante todas estas complicadas aristas de la crisis penitenciaria por Covid-19, es absolutamente esencial que se tomen las siguientes acciones a la brevedad: abran de nuevo los juzgados de ejecución penal que llevan semanas cerrados, que se centralice y desglose la información aportada por cada estado con respecto a su población penitenciaria y, finalmente, que se retomen con urgencia las liberaciones que se plantearon al inicio de la pandemia, pero que han caído en olvido o letargo de las autoridades correspondientes.
ATENTAMENTE
ASISTENCIA LEGAL POR LOS DERECHOS HUMANOS AC ASILEGAL
CIFRAS ACTUALIZADAS AL DÍA DE HOY 25 DE MAYO
CONTAGIOS, DEFUNCIONES, INCIDENTES DE VIOLENCIA Y LIBERTADES OTORGADAS ANTE LA CONTIGENCIA COVID-19
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