El diputado Armando Bautista Gómez y la legisladora Julieta Villalpando Riquelme, coordinadores parlamentarios del PT y del PES en la 60 Legislatura, respectivamente, se pronunciaron por construir, en un ejercicio de parlamento abierto, una normatividad de vanguardia en materia de movilidad, que contribuya a contar con un servicio de transporte público de pasajeros de mejor calidad.
Ante transportistas que acudieron al Encuentro Legislativo de Movilidad, en presencia de Raúl Uribe Soria, secretario de Movilidad del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Armando Bautista afirmó que los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia seguirán impulsado una reforma a la Ley de Movilidad que siente las bases para tener un sistema de transporte público de primer mundo y que no confronte a los usuarios y a los concesionarios.
Acompañado de las legisladoras Crista Amanda Spohn Gotzel y Marta Ma del Carmen Delgado Hernández, ambas del PT, así como de Lourdes Garay Casillas, del PES, se pronunció por que el sector transportista deje de ser visto como un nicho electoral y como enemigo de la ciudadanía, así como por que en las reformas se proteja el bolsillo de los usuarios y de los prestadores del servicio de transporte.
Dijo que pedirán explicaciones al secretario de Movilidad del gobierno estatal sobre el motivo por el que se cobra la capacitación, pues en una reunión que sostuvo con integrantes de la Junta de Coordinación Política anunció que no tendría costo.
Destacó que toda vez que Movilidad no da soluciones, la reforma a la legislación se hará de la mano de los transportistas y la ciudadanía, por lo que se continuará trabajando para tener una propuesta de reforma a la brevedad, posiblemente en el actual periodo de sesiones.
La legisladora Julieta Villalpando reconoció el esfuerzo para lograr esta reunión histórica por ser la primera que se da en la sede legislativa, y se comprometió a seguir recibiendo propuestas en mesas de trabajo y en un ejercicio de parlamento abierto que dé como resultado una reforma integral que beneficie a transportistas y usuarios del servicio.
Lamentó que la situación del transporte público en la entidad sea caótica pues el gobierno estatal no ha establecido reglas claras, por lo que dijo que el tema debe abordarse desde un punto de vista moderno, con la integración de nuevas plataformas tecnológicas que den confianza a los usuarios. En este trabajo, reiteró, siempre estarán abiertas las puertas de la Casa del Pueblo.
En su momento, Raúl Uribe agradeció la apertura de los legisladores para escucharlos y abordar la problemática que enfrentan los transportistas. Confió en que continuarán trabajando para ya no enfrentar tanta delincuencia, inseguridad y actos de corrupción. También solicitó que continúen las mesas de trabajo en las que participen empresarios, usuarios del transporte, autoridades estatales, municipales y legisladores, quienes en esta reunión demostraron por qué se denominó a la sede de la Legislatura como la Casa del Pueblo.
Durante la reunión, los ciudadanos Rogelio García Hernández, Raúl Gutiérrez, Rafael Gómez Mondragón, José Luis Fragoso, Manuel Infante, Ignacio Galván Suarez, Jorge Espinoza Nolasco, Jesús Zambrano Cruz, Epifanio Sánchez Navarrete y Juan Fernando Coronel, entre otros, expusieron sus propuestas ante la situación del sector transportista estatal.
Solicitaron el apoyo de los legisladores para la actualización constante de las normas y reglamentos que los rigen, algunos de los cuales no se han actualizado durante los últimos 19 años, y una verdadera colaboración entre autoridades y concesionarios para garantizar un mejor servicio. Señalaron la obsolescencia de los programas de capacitación y consideraron que el reciente incremento a la tarifa es solo un paliativo, pues el sector se enfrenta a demasiada tramitología, alto costo de las unidades (automóviles, vans y autobuses) y combustibles caros, además de la competencia desleal de “piratas” y de quienes prestan el servicio con aplicaciones electrónicas.
Se pronunciaron por trámites más ágiles y menos costosos, entre ellos el del refrendo, así como por propiciar la innovación tecnológica y por una mejor coordinación de los sistemas C4 y C5, pues el Estado debe cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de la población y no darle esta responsabilidad a los transportistas.
