• Participaron diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM y MC
La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada Rosa María González Azcárraga (PAN), se reunió con Rocío González Higuera, Jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, para conocer sus acciones.
La diputada González Azcárraga subrayó que este periodo de sesiones será intenso ante la discusión y aprobación del Paquete Económico 2023. “Estamos preparando nuestras observaciones y sugerencias”, dijo.
Confió en seguir fortaleciendo las sinergias con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, y precisó que el próximo 19 de octubre será la sesión del Consejo Consultivo de Política Migratoria, el cual reúne tanto a los actores de los poderes Legislativo y Ejecutivo en temas de migración.
La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) se manifestó por tener un trabajo más cercano con las personas residentes en el exterior, “somos los que vivimos, sentimos y conocemos las necesidades; es necesario conocer los programas reales en caso de deportación o retorno voluntario”.
Desde plataforma digital, Sofía Carvajal Isunza, diputada del PRI, pidió que las facultades discrecionales de los elementos del Instituto Nacional de Migración se puedan reducir y acotar, “para evitar que esa discrecionalidad sea un velo, bajo el cual se amparen los abusos de autoridad con los migrantes”.
La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM), mediante plataforma digital, consideró vital profundizar y fortalecer el marco normativo que permita, a quienes tienen la necesidad de buscar otras opciones y oportunidades fuera del país, cuenten con mejores condiciones. “Nos asumimos no solo como aliados electorales del gobierno federal y como responsables de la política social”.
Mario Alberto Torres Escudero, diputado de Morena, precisó que es necesario apoyar a los migrantes que ingresan al país y se quedan en México a residir. Añadió que un grupo de legisladores están trabajando en una iniciativa sobre retorno de migrantes; emprender acciones en beneficio de las y los niños migrantes y en temas de permisos de trabajo o visas temporales de la comunidad mexicana.
Vía zoom, la diputada Nora Elva Oranday Aguirre (PAN) dijo que es indispensable que se les considere miembros del Consejo Consultivo de Política Migratoria, pues “nosotros los compatriotas mexicanos nos organizamos por medio de federaciones o asociaciones de oriundos, y ellas nos hacen trabajar con los estados de origen y pugnamos y apoyamos a institutos, oficinas y secretarías de Atención al Migrante Mexicano; se tiene la precepción de que competimos sobre la atención a migrantes”.
La diputada Olga Zulema Adams Pereyra (Morena) calificó como importante la política de movilidad humana y la de interculturalidad. Recordó que en la Cámara de Diputados se aprobó la nueva Ley General de Población que incluye las particularidades de la política de movilidad humana y de interculturalidad; no obstante, quedó pendiente la normatividad en el Senado su aprobación.
Garantizar los derechos humanos de las personas migrantes
Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, expresó que la política migratoria del actual gobierno impulsa un cambio de modelo para la atención del tema en cuatro dimensiones: origen, tránsito, destino y retorno, contempla la movilidad humana segura, ordenada y regular; colocando al centro a las personas migrantes y al desarrollo social, cultural y económico.
Mencionó que se promueve un programa temporal de regularización migratoria, ya que desde 2019 a septiembre de 2021 se estimó un flujo de aproximadamente 15 mil 684 personas extranjeras en caravanas. En materia de desplazamiento forzado interno, expuso que, durante años, México no lo reconoció hasta a la actual administración.
González Higuera precisó que han impulsado iniciativas para generar datos y cimentar la integración de un registro nacional de personas en situación de desplazamiento forzado. Añadió que de acuerdo a estudios se estima que las personas centroamericanas que cruzan por el país para llegar a Estados Unidos pagan un promedio de 4 mil 559 dólares y las y los connacionales que cruzan hacia Estados Unidos pagan en promedio 5 mil 862 dólares, porque optan por rutas y cruces más seguros.
Según estimaciones en 2019, las personas asociadas al tráfico ilícito de personas tuvieron una ganancia promedio de más de 615 millones de dólares. En los últimos siete años, relató, se han registrado cinco mil 378 denuncias de robo, tráfico ilícito de personas migrantes, secuestro, retención ilegal, trata de personas, extorción o chantaje.
La construcción de políticas integrales, añadió, es una de las principales herramientas para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y en situación de desplazamiento forzado en México, así como impulsar una agenda transversal de derechos humanos para estas poblaciones. Por ello, se seguirá trabajando con todos los actores, sectores y órdenes de gobierno.
En la reunión, la instancia legislativa aprobó, el dictamen que deroga los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, relativo a las revisiones de carácter migratorio. Las iniciativas fueron impulsadas por el diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete (Morena) y la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC).
