Más del 85% de las empresas de seguridad que existen en el país, operan irregularmente poniendo en riesgo a la ciudadanía.
México, 20 de enero de 2026. – El reciente caso de personas vinculadas a proceso por el traslado irregular de 37 millones de pesos en una camioneta blindada en el Estado de México volvió a poner sobre la mesa la importancia de cumplir con el marco regulatorio que rige a la seguridad privada en México.
De acuerdo con la Ley Federal de Seguridad Privada, las empresas del sector están obligadas a contar con permisos vigentes, personal y equipamiento, incluidos los uniformes, debidamente registrados ante las autoridades reguladoras, así como protocolos operativos claros y apegados a la legalidad, especialmente en actividades de alto riesgo como el traslado de valores. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones administrativas, como la revocación de autorizaciones, responsabilidad penal e incluso responsabilidad civil.
La dimensión del problema es alarmante. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), más del 85% de las empresas de seguridad que operan en el país lo hacen de manera irregular.
“Cumplir con la normatividad en materia de seguridad privada no es solo una obligación legal, es una condición indispensable para operar con certeza jurídica. Hacer las cosas bien protege a las empresas, a sus clientes y al propio sector de riesgos que pueden tener consecuencias administrativas, penales, civiles y reputacionales graves”; señaló, Teodoro Serralde, socio director de Serralde Consultores Jurídicos.
Datos del sector señalan que en México operan miles de empresas de seguridad privada bajo esquemas federales y estatales, lo que hace indispensable reforzar los mecanismos de supervisión y cumplimiento para evitar vacíos regulatorios que puedan ser aprovechados para actividades ilícitas. En estos momentos el cumplimiento regulatorio es sumamente relevante para evitar situaciones como el incidente ocurrido a finales del año pasado.
Ante este contexto, Serralde Consultores Jurídicos recomienda a las empresas de seguridad privada:
- Verificar de manera permanente que sus permisos y autorizaciones se encuentren vigentes ante las autoridades competentes.
- Realizar la inscripción ante las autoridades reguladoras de todo su personal opertivo, administrativo y directivo.
- Inscribir todo el equipo y uniformes que utilizan para la prestación de los servicios permisionados.
- Capacitar a su personal operativo respecto el cumplimiento legal y regulatorio, para prestar servicios apegados al marco jurídico.
- Acreditar ante las autoridades reguladores la capacitación legal, tal como marco jurídico, derechos humanos, adiestramiento de armas y equipo.
- Implementar controles internos y auditorías de cumplimiento normativo, particularmente en servicios de traslado de valores.
- Documentar y supervisar los protocolos operativos para garantizar trazabilidad y transparencia en cada servicio.
- Asesorarse por abogados especializados en cumplimiento regulatorio y no confiar en simples “gestores”.
El cumplimiento regulatorio no sólo se constriñe a obtener el permiso, sino que implica el seguimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la legislación especial, para que en casos de incidencias se pueda acreditar ante los juzgadores o autoridades regulatorias el cumplimiento puntual de las mismas. No cumplir con el marco regulatorio puede derivar en sanciones económicas, suspensión de operaciones, responsabilidad penal y civil para representantes legales y directivos, así como daño reputacional irreversible. En un entorno cada vez más vigilado por las autoridades, el cumplimiento normativo se consolida como un pilar para la profesionalización y la confianza en la industria de la seguridad privada.
Acerca de Serralde Consultores Jurídicos :
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