Entre los aspectos preocupantes de la iniciativa, está que perpetúa el completo control militar en la materia
México, 24 de abril de 2025. Este 23 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que modifica la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE). La actualización a la LFAFE es necesaria, pues ésta se publicó en 1972 y ha tenido pocos cambios desde entonces, sin embargo, en la cámara baja se perdió una oportunidad única para llevar a cabo una discusión amplia con diversos actores y de esta manera, construir una política integral de control de armas de fuego, por lo que llamamos al Senado, adonde ha sido turnado el dictamen, a abrir espacios de consulta con personas víctimas de la violencia armada, académicos e integrantes de organizaciones civiles.
La reforma aprobada tiene algunos aspectos positivos que vale la pena reconocer. Incluye una definición sobre qué es un arma de fuego, otras definiciones relacionadas con ellas y se alinea con el lenguaje empleado en el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego de Naciones Unidas; reforma el sistema de licencias de éstas; y prohíbe la compra y envío de armas por internet, entre otras. Estos elementos se hubieran potenciado con una mayor la participación de las autoridades civiles de seguridad pública, mediante su fortalecimiento y apostando por un sistema mixto en el control de las armas de fuego en el país.
No obstante, lo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados incluye componentes preocupantes: por ejemplo, mantiene el control militar en materia de armas y una preocupante opacidad, a cargo de la SEDENA, sobre incautaciones, decomisos, destrucción y canje de armas de fuego. Además, el dictamen carece de controles democráticos para la transparencia y rendición de cuentas, así como la profesionalización del personal autorizado para portar y usar estos artefactos. Finalmente, reproduce una visión punitiva basada en aumento de penas y medidas regresivas como prisión preventiva oficiosa.
La propuesta no abona significativamente a solucionar los retos que enfrenta el país en términos de violencia letal. No hay que olvidar que, de acuerdo con datos del INEGI, 7 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego. Adicionalmente, se ha desaprovechado la oportunidad para contar con un registro público sobre la cantidad de armas que circulan en el país, pues por difícil que parezca, se desconoce el número de armas (lícitas e ilícitas) que hay en el país.
El país requiere de una política integral de control de armas de fuego en la que las instituciones civiles de seguridad tengan un rol fundamental y no residual. Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), hacemos un llamado al Senado de la República que se abra un espacio de Parlamento Abierto en la que se escuchen las opiniones de la sociedad civil, la academia, activistas y víctimas de la violencia armada para impulsar una legislación integral. Urge una política de control de armas que atienda los retos que enfrenta el país
