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Sociedad civil pide dejar de atribuir milagros a los programas sociales para abatir la pobreza

·         La raíz está en el mercado laboral y en la insuficiencia del sistema de salud

·         Presentan: México sin Pobreza, una fórmula para superarla desde la raíz

·         Llaman a unirse en un plan que reoriente las acciones de gobierno, empresa y sociedad.

El Núcleo Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza llamó a autoridades de gobierno, de empresas y de centros académicos expertos en pobreza a reorientar su percepción sobre las raíces de la pobreza y las vías de solución.

La precariedad laboral, la insuficiencia del sistema de salud no solo dejan sin derecho al trabajo y a la salud a millones de mexicanos, sino que reproducen la pobreza al pagar bajos salarios y negar la afiliación a la seguridad social.

“Es ahí donde están los más grandes indicadores de la pobreza: bajo ingreso laboral y falta de seguridad social. Ya es hora de dejar de darle vueltas al asunto y agarrar al toro por los cuernos e ir a la raíz de la pobreza”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización.

El remedio no son los programas sociales que apenas atenúan la pobreza, pero no enfrentan las causas. No pueden esperarse milagros de estos programas. La solución es integral y requiere un plan multianual en el cual se aplique la fórmula  “México sin Pobreza: Trabajo digno, con derechos laborales y remuneración suficiente + sistema de protección social universal, desvinculado de las prestaciones laborales, iniciando por la cobertura universal en salud.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó a los medios un pronunciamiento sobre los resultados más recientes de la Medición Multidimensional de la Pobreza y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, documentos presentados por Coneval e Inegi, respectivamente.

El pronunciamiento asienta que:

“El aumento de la pobreza en México es una mala noticia para el país y sobre todo para 67 millones de personas que carecen de lo más básico para vivir.  Lo peor, es que una de cada seis personas pasa hambre, pues 22 millones carecen de ingreso para la canasta de alimentos. Y peor aún, menos de la cuarta parte de la población supera los umbrales mínimos de bienestar (23%).

El incremento y la magnitud de la pobreza en México tienen una misma raíz: el trabajo. O, mejor dicho, el sistema laboral. Para muchas personas el trabajo se convierte en fábrica de pobreza. Es un escándalo y una contradicción.

El trabajo es un derecho humano. Pero en nuestro país, solo 9 millones de personas tienen condiciones mínimas decentes de trabajo. En contraste, hay casi 25 millones de personas en edad y condición para trabajar, que están excluidas. Y más de 35 millones que tienen trabajo, pero en condiciones precarias, sin ingreso suficiente, sin seguridad social. 

Estas condiciones de exclusión y trabajo precario para millones de personas producen las dos carencias que aparecen en las mediciones de la pobreza. La raíz de la pobreza está en la violación del derecho al trabajo digno. También produce carencias sociales que violan el derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda digna y otros derechos sociales.

Desde hace años, los dos indicadores más altos en la medición de la pobreza, han sido: a) población sin ingreso suficiente para adquirir la canasta básica y b) carencia por falta de seguridad social. Ambos indicadores tienen el mismo origen: el mundo del trabajo.

La respuesta frente a la pobreza es doble: Trabajo digno y un sistema de salud y protección social con cobertura universal, no condicionado, desvinculado de las prestaciones laborales.

Desde la sociedad civil, con un ánimo propositivo y constructivo, invitamos a sumar y acordar, para construir en unidad un futuro distinto con ese horizonte. La pobreza es un “problema país” y se debe enfrentar con la colaboración de todas las partes.

Invitamos a toda la sociedad a construir acuerdos frente a la pobreza y la desigualdad. Con unidad se pueden trazar rutas de solución con enfoque de derechos e inclusión; sin ánimo de buscar culpas, evitando crear nuevas vías de confrontación política.

En especial, exhortamos a quienes tienen responsabilidad en la toma de decisiones, en la economía y en la política, a sumar esfuerzos en este propósito que va más allá de colores partidistas o intereses de grupo. Es urgente y posible impulsar acuerdos sustantivos y efectivos frente a la pobreza y la desigualdad mediante el diálogo constructivo.

Pedimos al gobierno federal, a los gobiernos locales y a los poderes legislativos que convoquen a un diálogo social con este propósito. Por nuestra parte, y en ánimo constructivo proponemos para este diálogo dos objetivos que sabemos pueden ser compartidos por todas las fuerzas políticas y por la mayoría de los actores económicos y sociales:

  1. Reordenar el deteriorado sistema laboral para garantizar derechos laborales a quienes trabajan y para crear más trabajos dignos, y
  2. Construir un sistema de protección social universal, que inicie con la cobertura universal de salud”.

El pronunciamiento fue presentado en conferencia de prensa por Lucila Servitje, Pilar Parás y Rogelio Gómez Hermosillo, integrantes del Núcleo Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, mediante una transmisión en sus redes sociales: Twitter, Facebook y YouTube, donde puede ser consultado.

El documento incluye un análisis basado en la ENIGH 2020 y en la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 que revela la caída de casi el 11 por ciento del ingreso laboral en los hogares del país, la exclusión de 35.7 millones de personas del sistema de salud, el aumento de 44% en el gasto de bolsillo en cuidados de la salud y otros datos que confirman que la pobreza en México tiene su raíz en la precariedad laboral y en la insuficiencia del sistema de salud.

El pronunciamiento presenta también una agenda de 10 acciones inmediatas para empezar a aplicar la fórmula: México sin Pobreza.

Para mejorar los ingresos:

1.    Aprobar en la CONASAMI un plan multianual para la recuperación gradual del salario mínimo para que cubra el monto necesario para adquirir dos canastas básicas del área urbana, a más tardar en 2024. A precios actuales redondeado la meta es de $7,500 mensuales.

2.    Legislar o reglamentar la posibilidad de un reparto de utilidades adelantado que funcione como “bono de productividad”. Esto permite que las empresas compensen a las y los trabajadores en momentos de mejora de ventas. También hay que explorar formas de reparto equitativo para que se asignen porcentajes mayores a quienes ganan menos.

3.    Establecer una política de fomento de la economía social y solidaria que permita a las cooperativas y al conjunto de empresas de propiedad colectiva del sector social, crecer, captar inversión, acceder a crédito de la banca de desarrollo a tasas preferenciales, abrir nuevos canales de comercialización en compras públicas y contar con apoyos para la capacitación y la innovación.

4.    Dar continuidad y ajustar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que contribuya a la empleabilidad y a la inserción laboral de jóvenes con mayores desventajas sociales, en las zonas urbanas de mayor pobreza laboral, conforme a las propuestas de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.

Para avanzar en el cumplimiento de los derechos laborales:

5.    Acelerar la implementación de la reforma laboral, en especial, el funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral, la legitimación de los contratos colectivos y la elección democrática de las dirigencias sindicales.

6.    Fortalecer la capacidad de inspección y sanción de la Secretaría del Trabajo y su coordinación con el IMSS, el SAT y la UIF, para enfrentar los modelos de negocios basados en violar derechos laborales y las formas más extremas de simulación, como los contratos de protección de la industria de la construcción.

7.    Cumplir con las cláusulas y disposiciones laborales previstas en el TMEC y evitar litigios mediante el cumplimiento de los estándares internacionales del derecho al trabajo.

Para construir las piezas del sistema universal de protección social:

8.    Cobertura universal de salud. Asignar presupuesto igualitario e integrar funcionalmente la atención primaria en salud, entre los diversos subsistemas. La atención primaria permite: atención preventiva, detección de riesgos y control de las enfermedades en sus primeras fases, así como las acciones de promoción social de la salud. También parte del enfoque centrado en las personas, por lo que la integración funcional de los subsistemas permite evitar la discontinuidad en la atención de comunidades, familias y personas por las fluctuaciones propias del campo laboral.

9.    Aprobar la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional de Cuidados y asignar un presupuesto suficiente para crear al menos 100 mil nuevos cupos en estancias infantiles y fomentar modelos de economía social y solidaria que puedan prestar servicios de cuidados con subsidios públicos y mixtos.

10.  Establecer una transferencia monetaria de emergencia para las personas que pierden su medio de sustento por emergencias como la pandemia, a través de mecanismos ágiles y transparentes de registro y asignación temporal. Y corregir la actual asignación de los programas de transferencias monetarias para evitar la exclusión de los hogares de menores ingresos.

Anexo: Pronunciamiento desde la sociedad civil frente a los nuevos datos de ingresos, carencias y pobreza.