Ayer (15 de enero) Elnacional.cat y La Vanguardia iniciaron la publicación de los documentos y audios de la ‘Operación Catalunya’, es decir de la guerra sucia contra el independentismo; y claro, los medios de comunicación y tertulias catalanes se han hecho eco, pero NO los medios madrileños. En el presente escrito intento plantear unas preguntas para que cada lector pueda hacer su análisis sobre el motivo de porqué, ahora, se han hecho públicos.
Todos los medios que hacen referencia a esa operación hablan de ‘guerra sucia’, y yo me pregunto si ¿hay alguna guerra limpia?, ¿lo son la guerra en Gaza o la guerra en Ucrania? Yo estoy convencido de que no.
La interpretación generalizada de guerra sucia es.
‘La provocada por ejércitos paramilitares o terroristas en la cual se enfrentan contra grupos políticos disidentes y opositores, en un país determinado, generalmente al margen de la legalidad vigente.
(…) La guerra sucia tiene ciertas diferencias con respecto a la guerra tradicional:
- Mientras en la guerra regular el único objetivo militar lícito es el combatiente armado en acción bélica, o -como formula Jean Simon Pictet (1914 – 2002), uno de los grandes expertos en derecho internacional humanitario, que participó en los trabajos preparatorios de los Convenios de Ginebra de 1949- ‘Sólo se puede matar al soldado que puede matar’, en esta modalidad de guerra el objetivo militar humano se extiende más.
- Mientras en la guerra regular es posible delimitar claramente la población combatiente y la población civil, en esta modalidad de guerra las fronteras son más difusas y franjas más ampliar de población civil están involucradas en el conflicto.
- Mientras en la guerra regular solo son objetivos militares los bienes físicos que están al servicio directo de la acción bélica, en esta modalidad de guerra el blanco de ataque es mucho más amplio, puesto que la guerra de guerrillas se propone desmontar un modelo económico social’.
Según Pictet, ‘la guerra consiste en emplear la coacción necesaria para obtener un resultado. No tiene objeto toda violencia que no sea indispensable para alcanzar esa finalidad. Por lo tanto, si tiene lugar, es absolutamente cruel y estúpida.
Para lograr su objetivo, que es vencer, un Estado implicado en un conflicto tratará de destruir o debilitar el potencial bélico del enemigo, con el mínimo de pérdidas para sí mismo. Este potencial está integrado por dos elementos: recursos en hombres y recursos en material. Para desgastar el potencial humano -por el cual entendemos los individuos que contribuyen directamente en el esfuerzo bélico- hay tres medios: matar, herir o capturar. Ahora bien, estos tres medios son equivalentes en cuanto al rendimiento militar; seamos francos: los tres medios eliminan con idéntica eficacia las fuerzas vivas del adversario.
En lo humanitario, el razonamiento es diferente: la humanidad exige que se prefiera la captura a la herida, la herida a la muerte, que, en la medida de los posible, no se ataque a los no combatientes, que se hiera de la manera menos grave -a fin de que el herido pueda ser operado y después curado- y de la manera menos dolorosa, y que la cautividad resulte tan soportable como sea posible.
Como se ve, se limita a la extensión -a quiénes se pueden aplicar los ataques bélicos- y ni la guerra de guerrillas ni la guerra sucia lo cumplen.
También hay límites en cuanto al lugar (la protección de bienes de gran valor humano y social, como son los bienes culturales y religiosos, o el control de alimentos que pueda producir hambre en sectores de la población no combatiente, o el pillaje). También se limitan las condiciones (métodos y medios empleados: prohibir ciertos tipos de armas y de procedimientos, como minas, cilindros, bombardeos desde el aire, fumigaciones, armas trampa, procedimientos-trampa cercanos a la perfidia, etc.)
(fuente: Wikipedia)
Evidentemente, atendiendo a estos pensamientos, estoy convencido de que no hay guerras limpias, todo son guerras sucias, sucias guerras limpias, sucias guerras sucias. Sólo hace falta ver el sufrimiento de las poblaciones ucraniana y palestina, así como el comportamiento de los ejércitos, no respetando ni las banderas blancas ni a la Cruz Roja.
‘Karl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780 – 1831), en su tratado ‘De la guerra’ dijo que ‘la guerra es la continuación de la política por otros medios’, y lo escribió descartando el cinismo, pues consideraba que la guerra moderna es ‘un acto político’, y esta manifestación ponía en juego lo que él consideraba el único elemento racional de la guerra. En su concepción, los otros dos elementos de la guerra son: a) el odio, la enemistad y la violencia primitiva, y b) el juego del azar y las probabilidades.
El primero de estos tres elementos (el acto político) interesa especialmente al pueblo, el segundo (el odio) al comandante en jefe y a su ejército, y el tercero (el azar y probabilidades), solamente al gobierno.
(…) En la teoría de Clausewitz, los elementos del odio, el cálculo y la inteligencia (dicho de otro modo, la pasión, el juego y la política) forman una trinidad inseparable.
(…) Su definición de la guerra: ‘constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad.’
(fuente: Wikipedia)
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), mediante el Convenio de Ginebra, establece las normas y limita los efectos de los conflictos armados, al objeto de salvar vidas y aliviar el sufrimiento, fijando que incluso en las guerras existen normas; y 196 estados ratificaron este compromiso.
¿Pero, para qué sirve firmarlo, y después, incumplirlos impunemente?
Ninguna guerra es aceptable, todas son sucias, y los estados que las provocan deberían ser sancionados y boicoteados internacionalmente. Una sola muerte debería ser un coste inasumible. Pero, como vemos, el siglo XXI no se diferencia en nada de los anteriores, siempre ha prevalecido y prevalece el cainismo.
En el caso español que nos ocupa, y sin remontarnos a la criminal actuación paramilitar del GAL de la época de Felipe González (PSOE), es evidente que la actuación efectuada contra el movimiento independentista catalán es, también, amoral, falto de toda ética, justificación y legalidad, pues, privar de la libertad y de recursos económicos a líderes políticos y sociales, manipular y condicionar elecciones, hacer que la voluntad democrática expresada en las urnas sea impracticable (inhabilitando o censurando a personas electas), y todo ello con medios ilegales y antidemocráticos como la fabricación y manipulación de pruebas, con el único objetivo de mantener el estatus quo con reminiscencias franquistas que dejaron ‘todo atado y bien atado’, como dijo el asesino y dictador Francisco Franco al nombrar como heredero a Juan Carlos; y ya en el lecho de muerte, encomendar a su sucesor, como reconoció: ‘Franco me cogió la mano y me dijo, Alteza, la única cosa que os pido es que preservéis la unidad de España’, no me dijo haz una cosa u otra, no: la unidad de España, lo demás… Si lo piensas, significa muchas cosas’.
Juan Carlos había jurado los principios fundamentales del régimen y, después ni se molestó a jurar la constitución que tanto dice defender la corona. Felipe VI y su hija Leonor han cumplido ese formalismo, pues les garantiza la patente de corso para preservar su negocio familiar; y, claro, siendo inviolables.
Una constitución ‘negociada’ bajo la presión militar, para preservar sus privilegios y los de los diferentes poderes del estado (militar, judicial, policial, etc.) y, cómo no, reservándose el control del estado, pues el artículo 8 especifica que las fuerzas armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Y el artículo 117, sobre el poder judicial, señala que: ‘la justicia emana del pueblo, y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley’, cuanto menos es tan falso como el artículo 1.2, que dice que ‘la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado’.
Todo eso sería jocoso, si no fuera dramático.
Hemos visto demasiada basura, demasiada guerra sucia contra el movimiento independentista catalán, y hemos visto que a los personajes que la han perpetrado, como, por ejemplo:
La jueza Carmen Lamela Díaz, que presidió los casos del ‘Bar de Altsasu’, el caso de la insurgencia contra raperos, decretó la prisión incondicional a los 9 líderes independentistas, así como la de Sandro Rosell (expresidente del FC Barcelona, dos años en prisión incondicional y después liberado al primer día del juicio), etc., fue ascendida al tribunal supremo.
Igualmente, la jueza María Concepción Espejel Jorquera, que tras los casos de Valtònyc (el rapero Josep Miquel Arenas), el ya citado caso Altsasu, etc., fue ascendida al tribunal constitucional.
Así, podríamos hacer una lista infinita de jueces recompensados, en lugar de ser destituidos, juzgados, inhabilitados y encarceladas por sus sentencias, que consideran como actos de terrorismo a manifestaciones democráticas.
Todos ellos, empezando por el juez Manuel Marchena, interpretan que la justicia va contra el pueblo, en lugar de emanar de él.
Y con esta armadura, con este corsé, que el propio Felipe VI se salta impunemente cuando le interesa, por ejemplo, con su nefasto mensaje del 3 de octubre del 2017, alentando al ‘a por ellos’, en lugar de cumplir su papel constitucional de ‘arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones’, como fija el art. 56; y con este corsé, como digo, también está claro que el poder político, los partidos mal llamados constitucionalistas, se vean capacitados para infringir las leyes que les interese, para preservar la unidad de España.
En esta situación, ahora vemos que se han hecho públicos documentos y ficheros de audio que incriminan al gobierno de Mariano Rajoy (PP); y esa información confirma lo que todos ya sabíamos, es decir, que Mariano Rajoy y todos sus ministros: Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Diez, Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, etc., aplicaron todas las armas de guerra sucia, ilegales, inmorales y faltas de toda ética. Y todos mintieron en los juicios, empezando por el teniente coronel de la guardia civil Daniel Baena (Tácito, en la red), posteriormente, también ascendido.
Pero, no olvidemos que Pedro Sánchez (PSOE) respaldó la aplicación del articulo 155, que cercenó a nuestras instituciones catalanas, y dio carta blanca a la represión. Y, ya como jefe de gobierno, autorizó las escuchas mediante el sistema Pegasus, de líderes políticos y de independentistas de diferentes estratos.
Y ahora, presionado por la aritmética parlamentaria, Pedro Sánchez ha dado un giro copernicano, y ha pasado de ser el sheriff caza-recompensas que quería traer al fugado Carles Puigdemont, a negociar con él, y establecer una ley de amnistía un tanto descafeinada, que veremos, finalmente, si acaba beneficiando a alguien.
Y ante el escándalo de la información que nos ocupa, ahora Pedro Sánchez sí que apoya las comisiones de investigación del congreso de diputados, para llegar hasta el fondo, pues ve incuestionable que utilizar los medios y recursos del estado para ir contra ciertas ideologías, no es legal; e incluso hoy ha reconocido que levantaría el veto a determinada documentación, para permitir la investigación del caso de las escuchas mencionadas; pero ya sabemos que acuerda y dice blanco, y después, todo queda en el aire, y hace negro.
Muchos estamos convencidos de que contra el independentismo catalán el estado realizó y sigue realizando todo tipo maniobras propias de la guerra sucia, y sabemos que nunca pagarán ni se responsabilizarán a los culpables. Ahora hemos visto que Mariano Rajoy sabía de la actuación de la ‘policía patriótica’, cosa que había negado siempre; pero la fiscalía nunca actuará. Y ya vimos que el poder judicial fue incapaz de saber quién era ‘M. Rajoy’.
Desconfiamos que los culpables de todas las malas artes aplicadas, paguen por ello; como máximo, dejarán algún cabo suelto, para que pague, para que sea el chivo expiatorio, como lo fue el extesorero del PP, José Luis Bárcenas o, ahora, podrá serlo Jorge Fernández Díaz. Pero ya vimos que, décadas atrás, José Barrionuevo y Rafael Vera, fueron rápidamente indultados del secuestro de Segundo Marey.
Pues bien, considerando todo esto, me parece que debemos preguntarnos diferentes aspectos:
¿Cómo es que ahora, un medio tan conservador, unionista y monárquico como La Vanguardia, desvela estos ficheros?, ¿qué favores pretende hacer?, ¿qué beneficios busca conseguir por ello?
Una primera impresión podría ser la de ‘limpiar’ la imagen de Pedro Sánchez, dejándolo como un estadista unionista, españolista, pues, al fin y al cabo, la unidad de España está por encima de todo.
Pero, sabemos que Pedro Sánchez no está en sintonía con Felipe VI (por la amnistía y la negociación con los independentistas); hemos visto en diferentes actos públicos cómo el rey intervino de forma política, poniendo cara de enfado, de disgusto con él, por eso, no me cuadra nada ese apoyo actual por parte de un medio monárquico. Me parece más coherente (e inmoral, claro) que el ABC, el medio monárquico por excelencia, no informe de nada del tema.
Por eso, no me cuadra nada, que La Vanguardia, ahora, destape las miserias del PP.
Siempre debemos preguntarnos ¿cui bono?, ‘cui prodest?, es decir, quién se beneficia de estos actos, pues, con toda seguridad, La Vanguardia no pretende limpiar su cara antiindependentista, y menos ahora, que estamos en horas bajas.
Como dijo Lucius Anneus Séneca (4 a.C. – 65) en su obra Medea (acto primero, escena primera, versos 500-501): ‘cui prodest scelus, is fecit’ (aquel a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido)
Pues bien, ¿a quién beneficia que ahora La Vanguardia haga pública toda esta información sobre la guerra sucia contra ciudadanos pacíficos?, espero saberlo algún día.