Tabla de Carnéades

Es sabido que hay notables diferencias entre términos muy próximos, como, por ejemplo, entre legalidad vs legitimidad; igualdad vs equidad; si bien, en el lenguaje popular se utilizan como si fueran sinónimos. A continuación, intento hacer una aproximación aclaratoria.

Por ejemplo, todos sabemos que la legalidad, depende del poder y, en concreto, de sus leyes, de sus normas, establecidas por ‘su’ poder parlamentario / judicial / militar.

Así, el ilegal golpe de estado franquista (1936 – 1939) contra la república legal y democrática, por la fuerza de las armas, pasó a ser considerado ‘legal’ a todos los efectos, así como el cumplimiento de sus leyes, dentro del marco de la nueva legalidad; y todos los leales a la república, automáticamente, pasaron a ser considerados traidores, ilegales.

Pero esa pretendida legalidad no le confirió la legitimidad, pues ese término hace referencia a aspectos más abstractos, como la justicia, la moral y la ética. Por eso, el golpe de estado mencionado, y todo el entramado subsiguiente, fue y sigue siendo ilegal e ilegítimo.

Y la ley (legítima o ilegítima) debe cumplirse, para no ser sancionados. Así, los alemanes debían denunciar a sus vecinos y familiares judíos, ya que no hacerlo era un delito.

En democracia, un estado es legítimo si se fundamenta en un consenso, es decir, que la imposición de la ley por la fuerza bruta, no confiere legitimidad, como es lógico.

En esa misma línea, si bien en otro plano, es políticamente correcto aceptar que no hay personas ilegales (en referencia, especialmente, a los inmigrantes, que los racistas consideran ilegales); pero, hasta hace unas pocas décadas, se asumía, sin el menor pudor, la expresión de ‘hijo ilegítimo’ (de padres no casados), con la consiguiente carga negativa para el hijo, el débil.

En cuanto a las diferencias entre la igualdad y la equidad, cabe señalar que:

• la igualdad es el principio que reconoce a todos los ciudadanos idéntica capacidad para los mismos derechos, es decir, que todos tengamos los mismos recursos y oportunidades, y

• la equidad es la disposición del ánimo para dar a cada uno lo que se merece, es decir, que la distribución de los recursos esté en función de las distintas necesidades, para evitar injusticias.

En la constitución española, art. 9.2, se especifica que ‘corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la equidad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…)’; haciendo una extraña pareja entre libertad y equidad.

Pero, tradicionalmente, hemos visto que los diferentes poderes políticos incumplen ese objetivo legal, especialmente en cuanto hace referencia a los catalanes y a Catalunya.

Así, década tras década, hemos constatado la irregular e ilegítima distribución de recursos, y, a tal fin, tienen establecido todo un corsé basado en aspectos estadísticos, teóricamente objetivos, para obtener el concepto de ‘población ajustada’, como base de todos los cálculos.

Y para obtener ese ente de la ‘población ajustada’, se ponderan gran cantidad de datos, con el fin de buscar la adecuación a las necesidades específicas de cada comunidad autónoma. Pero esa equidad buscada (que equilibre la legitimidad y la legalidad), no es constatable, dada la opacidad de esas ponderaciones.

En el complejo cálculo que efectúa el ministerio de hacienda, para obtener la ‘población ajustada’, se consideran unos indicadores básicos, por ejemplo:

• En sanidad: la estratificación de la pirámide de edades, pues determinadas franjas (menores y mayores) presentan más necesidades; y en base a su distribución geográfica, se determinan los servicios hospitalarios (primarios y especializados); etc. Con estos datos, el peso del gasto sanitario en la población ajustada es del orden del 45%.

• En educación se prima la población de 0 a 16 años, excluyendo, de entrada, otras etapas académicas; es decir, el modelo evalúa las necesidades de la población no universitaria, según el padrón. Con esos datos, el gasto en educación en la población ajustada es del 30% (el 80% para la educación no universitaria, y el resto para la universitaria)

• En servicios sociales se pondera la población mayor de 65 años, diferenciando entre los 65 y los 79, y los mayores de 80. En la población ajustada, los gastos sociales ascienden al 10% (el padrón de los mayores de 65 años pesa entre un 80 y un 90% y los parados entre un 20 y un 10%)

• Otros aspectos técnicos que se ponderan son:

• la superficie de las comunidades autónomas (pues a mayor superficie, más complejidad en la prestación de todo tipo de servicios), y el dato básico adoptado es el km2.

• La despoblación, la dispersión, la insularidad, etc.

Y es evidente, que, por más que se pretenda una cierta objetividad, la complejidad y los intereses políticos, las presiones de todo tipo de poderes, etc., inciden en el sistema de cálculo de esa ‘población ajustada’.

Por eso, en una democracia, estos cálculos: los datos y sus porcentajes de ponderación, deberían ser transparentes y consensuados (oficialmente, son aprobados en las reuniones del ministerio con los presidentes autonómicos (que no autonomistas); pero: el estado tiene el 50% del peso de la decisión, así que, con el apoyo de una sola comunidad autonómica, por ejemplo, con la de Ceuta o Melilla, ya se aprueba el sistema de distribución general). Y, en definitiva, deberían ser debatidos en detalle, por especialistas de todo tipo de servicio y debidamente publicitados por los principales medios de comunicación.

En caso contrario, el resultado obtenido, es de una opacidad preocupante, y ya no digamos, después, la voluntad política para determinar la ejecución de los presupuestos, como sabemos.

Y si no hay transparencia, el resultado de las leyes son legales, pero carecen de la legitimidad; y la equidad ‘pretendida’ es muy discutible.

Y esa opacidad hace que, generalmente, muchos hablemos y discutamos sin tener la información precisa para ello; si bien, vemos, constamos y sufrimos los resultados de la aplicación del reparto ‘político’ vestido técnicamente, con esos cálculos, que, muchas veces, intentan justificar lo injustificable, respecto a Catalunya y, posteriormente, dentro de nuestro propio país, pues, por ejemplo, la gran concentración metropolitana, incide, posteriormente, en la asignación posterior.

Y sabemos que, Catalunya, por falta de un acuerdo entre los partidos políticos, es la única comunidad autonómica sin ley electoral propia, y es una vergüenza extrema. Y si, para distribuir unos diputados entre las grandes ciudades y las zonas menos poblabas hay intereses insalvables por parte de los partidos, ¿cómo podrían ponerse de acuerdo para ponderar las necesidades reales de los diferentes servicios a prestar?

Por eso, siempre acaban y acabamos simplificando y, así, nunca se consiguen decisiones objetivas y neutras. Pues no hay decisiones sencillas para problemas complejos.

Y la consecuencia es que acabamos tomando la parte por el todo, obviando aspectos sobre la legitimidad y la equidad. Tenemos muchos ejemplos al respecto, incluso muy próximos, como detallé en mi escrito de ayer.

Y la historia nos demuestra que toda revolución en busca de una mayor equidad siempre ha acabado con un mayor centralismo, como si esa fuera la solución; cuando esa mayor centralidad es, realmente, el objetivo buscado por el poder central, independientemente de legitimidades y equidades.

Un ejemplo, fueron las revueltas de las Germanías (Hermandades), revueltas populares en los reinos de Valencia y de Mallorca y en la corona de Aragón, entre 1520 – 1521, contra el poder de las oligarquías, durante el reinado de Carlos I. Y, tras la represión armada, el resultado fue una mayor concentración y presencia del poder monárquico.

Y en el momento actual, dado el contexto político internacional, ‘derechizador’ y ‘derechizante’, la situación es más compleja, pues prima, más que nunca, la ambición personal, por encima de cualquier otro valor.

Para finalizar, me parece interesante destacar el ‘experimento de la tabla de Carneádes’, que implica los mencionados conceptos tratados en el presente escrito, como la legalidad, la legitimidad, la igualdad y la equidad; y por eso, me parece un buen colofón, para que cada lector haga sus propias reflexiones.

El filósofo Carnéades de Cirene (214 a. C. – 129 a. C.), pasó a ser ciudadano de Atenas, director de su Academia, y miembro de la embajada ateniense a Roma (en el año 155 a.C.), con el fin de intentar aminorar la multa de quinientos talentos, impuesta por los romanos a los atenienses, en castigo por la destrucción y saqueo de la ciudad de Oropo.

Pues bien, ese filósofo expuso el que sería un famoso experimento mental, para explorar los límites de la defensa propia y el asesinato.

En ese experimento, hay dos marineros naufragados, A y B.

Ambos ven una tabla en la que se puede apoyar solamente uno de ellos y ambos nadan hacia ella.

El marinero A consigue llegar a la tabla el primero.

El marinero B, que va a ahogarse, empuja a A lejos de la tabla y, así, hace que, en última instancia, A se ahogue.

El marinero B, con la tabla, consigue salvarse, y ser rescatado por otra nave.

El experimento plantea si el marinero B puede ser acusado de asesinato, porque si B tenía que matar a A para vivir, podría ser interpretado como un caso de defensa propia.

Me parece evidente que este ejemplo nos puede ser muy útil para replantearnos muchos aspectos de los mencionados; y para permitirnos posicionarnos ética y moralmente ante aspectos de toda índole y, así, evitar asumir representaciones indebidamente; tomar decisiones sin ser consensuadas; etc.; para disponer de la tabla que nos pueda salvar individual y egoístamente.

Y todo depende de nosotros, de nuestra individualidad asumida con visión y perspectiva social.