El día de hoy, la publicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2019), por la CNDH, ha sido inequívoca en señalar las aflicciones actuales del Sistema Penitenciario en Baja California. Este diagnóstico que sirve en gran medida para monitorear y analizar las variables condiciones estamentales del Sistema Penitenciario a nivel nacional. Sin embargo, en este año, para el estado queda claro que es necesario tomar acciones concretas para mejorar el rumbo y tendencia del sistema, especialmente en el rubro más importante y fin último de éste: la reinserción social.
En cuanto a las calificaciones generales de los 5 Centros de Reinserción Social que fueron examinados en el estado por el diagnóstico, los resultados son contundentes: la calificación estatal para Baja California disminuyó. En 2018, la calificación fue de 7.32, para 2019 es de 7.21. Además, 3 de los 5 centros evaluados en el estado, sufrieron una caída en su calificación: El Hongo pasó de 7.97 en el 2018, a 7.38 en 2019; El Hongo II pasó de 8.36 el año pasado, a 7.85 en 2019; y el Centro en Tijuana pasó de una calificación de 6.97 en 2018, a 6.56 en 2019. De acuerdo con este Diagnóstico, la calificación y tendencia estatal es a la baja.
Las condiciones de violencia y calidad de vida, por lo tanto, también se ven afectadas: en el caso de los CERESOS, entre los estados que reportaron mayor incidencia fueron Estado de México con 138, Michoacán con 87, Baja California con 62 y Oaxaca con 37 reportes. Por lo que se refiere a las quejas reportadas por los órganos locales de protección a los derechos humanos, la entidad con mayor número de quejas fue la Ciudad de México con 1,621, le sigue el Estado de México con 838, y Baja California con 672. Sobre incidentes y quejas por estado en centros de reclusión locales: Baja California en primer lugar con 646, Ciudad de México en segundo con 285, seguido del Estado de México con 163. Estos datos, además, deben de ser matizados según las condiciones bajo las cuales se puede medir un estado. Por ejemplo, Estado de México o la CDMX, donde se usaron 12 y 13 CERESOS como muestra en cada uno y cuentan con una población penitenciaria 24,887 y 25,552, respectivamente. El caso de Baja California, entonces, es claramente alarmante pues “pelean” bajo los mismos rubros, acercándose o superando los indicadores más graves usando tan solo a 5 CERESOS como muestra y con una población de 11,724. Esto a fin de cuentas, plantea con urgencia las problemáticas de sobrepoblación y hacinamiento en Baja California, aunado de un déficit en custodia penitenciaria y capacitación apropiada para la complicada labor que desempeñan, deriva en un mayor atropello a los derechos humanos que no es sostenible.
El panorama relatado por el DNSP 2019, por lo tanto, prueba que si bien se han tomado acciones importantes con respecto a blindar el Sistema de Justicia en el estado, como mesas intersecretariales, capacitaciones en la Ley Nacional de Ejecución Penal, diagnósticos alternativos y cursos en derechos humanos, aún el terreno es fértil para comenzar a proyectar el camino hacia una verdadera reinserción social. ASILEGAL ha trabajado durante casi dos años en Baja California, y queremos tomar la coyuntura nacida de la necesidad por seguir trabajando, de la mano del nuevo gobierno, para conseguir los cambios que en administraciones pasadas por diversas razones no fueron posibles. La apertura a que la sociedad civil pueda seguir interactuando y trabajando de la mano del Estado es una facción fundamental para que el progreso pueda hacerse notable y revertir los indicadores que arrojó el DNSP.
El escenario está puesto, los actores clave están en escena, es momento de que todos trabajen en conjunto para cambiar la obra que anteriormente fue montada. Es momento de conseguir la reinserción social.