CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México aprobó el viernes el desafuero de un gobernador del norte del país, que es una de las principales figuras de la oposición, en respuesta a una solicitud que realizó la Fiscalía General que busca procesarlo por los supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
El gobernador del estado norteño de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de la fuerza opositora Partido Acción Nacional (PAN), quedó a las puertas de su enjuiciamiento tras la decisión de la mayoría oficialista y sus partidos aliados que autorizaron el retiro la protección judicial constitucional del político durante un debate que se extendió más de seis horas y marcó el cierre del período de sesiones ordinarias previo a los comicios generales de junio. El proceso fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.
García Cabeza de Vaca, un empresario, exdiputado y exsenador que le arrebató en los comicios de 2016 la gobernación de Tamaulipas al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que la había controlado por casi nueve décadas, deberá enfrentar el proceso de la Fiscalía General, que desde febrero solicitó el retiro de su protección para enjuiciarlo por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal por un monto equivalente a 321.000 dólares.
La Cámara de Diputados aprobó remitir la decisión al Congreso de Tamaulipas, que también deberá debatir el desafuero de García Cabeza de Vaca.
El Ministerio Público vinculó al gobernador opositor a uno de los operadores financieros del Cártel de Sinaloa y quien presuntamente financió el túnel por el que escapó en 2015 el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El gobernador, que culminaría su sexenio el próximo año, enfrenta una denuncia por un supuesto enriquecimiento ilícito por 46 millones de dólares. El político también ha sido señalado de recibir sobornos por la aprobación en el Congreso de una serie de reformas que se realizaron durante el mandato Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El proceso contra el gobernador, que ha rechazado los cargos, fue condenado por el PAN y otras organizaciones opositoras que demandaron el respeto irrestricto de la ley y la Constitución, y consideraron el proceso como un “abuso de poder”.
Frente a una gran pancarta que decía “¡basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia”, que levantaron congresistas opositores en medio del salón de debates, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la motivación del proceso “no es el combate a la corrupción” sino la “urgencia de incrementar distractores ” de cara a los comicios generales que se darán en cinco semanas en los que se elegirán los miembros de la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales, 15 gobernaciones y miles de cargos locales.