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La reciente publicación de vacantes en el Poder Judicial del Estado de México, encabezado por Fernando Díaz, ha desatado inconformidad entre jueces y magistrados. Según trascendió, el Consejo de la Judicatura habría señalado que la lista no fue elaborada internamente, sino por el Legislativo, lo que pone en entredicho la autonomía del tribunal y aviva la pregunta: ¿Está el presidente del Tribunal cediendo ante la 4T?
El futuro de más de 40 jueces con trayectoria está en juego, ya que hasta ahora no se ha presentado un dictamen claro que justifique su exclusión.
Esta medida no solo contradice los principios de la reforma judicial, sino que también desafía la promesa de la gobernadora Delfina Gómez de preservar la estabilidad dentro del Poder Judicial.
La incertidumbre crece y el malestar se extiende entre los jueces, quienes ya analizan impugnaciones e incluso valoran tomar medidas de presión. Lo que se anticipaba como una reforma ordenada, ahora amenaza con convertirse en una crisis institucional. ¿El Gobierno del Estado de México intervendrá o permitirá este golpe a la independencia judicial?