En el país existen más de 74 mil personas no localizadas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Este delito, uno de los más complejos por lo que implica en términos de violación de los derechos humanos y potencial comisión de crimenes contra la humanidad, es combatido por el Estado mexicano con recursos insuficientes y una baja capacidad institucional.
De 2006 a junio 2020, se han encontrado 3,978 fosas clandestinas, en las que se han exhumado 6,625 cuerpos.
La desaparición forzada de personas, cometida por fuerzas del Estado o por particulares, es uno de los principales problemas en la agenda pública de México. Se le considera una violación grave de derechos humanos y un delito continuo, pues implica el desconocimiento del paradero de una persona y el sufrimiento constante de sus familiares.
Sin embargo, el Estado mexicano no tiene la capacidad para lidiar con un problema tan complejo, el cual, para colmo, ha desaparecido de la agenda política. Tal es una de las conclusiones principales de la Mesa de Análisis #PuntoporPunto, organizada por México Evalúa y la Fundación Frederich Naumann.
Esa debilidad institucional contrasta dramáticamente con la realidad detrás de números abrumadores: al 18 de agosto de 2020, se tiene registro de 74,694 personas desaparecidas, resultado de una tendencia creciente en la incidencia de este delito, observada desde 2007. De 2006 a junio de 2020 se han identificado 3,978 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 6,625 cuerpos.
“Si hay una herida que reclama sanación a través de la justicia es la de miles de mexicanos que cada año se reportan como desaparecidos. Son muchos, y son padres, madres, hermanas, hermanos e hijos que no han regresado. La única forma de hacer justicia a esos mexicanos y sus familias es a través de investigaciones serias, profesionales y que conduzcan a la verdad”, dijo Edna Jaime, directora de México Evalúa, a modo de introducción a la mesa.
Ese reclamo, aunque urgente, está lejos de atenderse, a la vista de las deficiencias en operación y resultados del aparato institucional de investigación criminal que, según el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, adolece de falta de autonomía, ausencia de trabajo de campo, falta de medios de prueba científicos y ausencia generalizada de una estrategia integral.
Representantes de dos fiscalías locales participaron en la Mesa, para dar a conocer innovaciones en su trabajo. José Ángel Herrera, fiscal de personas desaparecidas del estado de Coahuila, reconoció el papel preponderante de los colectivos de víctimas, actores que han logrado poner las desapariciones en la agenda pública del estado. Eric Alonso, titular de la Unidad de Búsqueda Inmediata de Personas no Localizadas de Querétaro, subrayó la importancia de dar una atención diferenciada a la demanda, condición para dar respuesta pronta a los casos de desaparición.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, describió un problema estructural: la forma incompleta en que las comisiones y los mecanismos de búsqueda están insertados en la sociedad, más allá de la ley que las creó. Un muestra: las fiscalías suelen tener resistencia a las comisiones; las consideran un auxiliar, y “somos órganos iguales que tenemos que trabajar de manera coordinada”. Además, es fundamental “darle institucionalidad al derecho de toda persona a ser buscada, que no se puede subsumir dentro de una investigación”.
La falta de colaboración entre comisiones y fiscalías también fue uno de los temas de Grace Fernández, consejera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Ante tal descoordinación, las familias de los desaparecidos se ven obligadas a realizar ellas mismas las funciones de investigación y búsqueda, y por muchas leyes que se expidan —algunas valiosas, como la Ley de Exhumación e Identificación Forense en Coahuila—, la incapacidad institucional redundará, por ejemplo, en una gran cantidad de exhumaciones pero una muy pequeña de identificaciones.
Margarita Griesbach, titular de la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia, señala que, lamentablemente, los hechos delictivos complejos implican una investigación “fuera del cajón de la carpeta particular”, es decir, una mirada amplia, una búsqueda de patrones, algo que choca con la lógica estrecha de las fiscalías especializadas.
Hay un lastre inmenso en la investigación de las desapariciones: una narrativa nociva que no se ha logrado desterrar. Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, ubica su origen en los tiempos de la Guerra Sucia en los años 70, y la resume así: “Los desaparecidos desaparecen porque en algo andaban”. Es decir, una narrativa que considera que las vidas de los que están desapareciendo valen menos.
Por su parte, Jacobo Dayán, especialista en justicia transicional y derechos humanos, aportó contundencia: “No tenemos un sistema ni de justicia ni de reparación, ni de verdad ni de búsqueda. Tenemos un pegote de instituciones ordinarias que tardarán años en funcionar, con dos sistemas extraordinarios que hoy operan mal: el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Búsqueda”. A final de cuentas, en todas las investigaciones lo que se busca es resolver el caso y no descubrir el fenómeno. “Jamás se asciende en la escala de la organización criminal ni de la organización política”.
Edna Jaime cerró con una voz de alarma: el primer reto en la atención urgente de la crisis de desaparición de personas es político. Simplemente no está en la agenda de gobierno.
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