De acuerdo con datos de la Dirección del Instituto de Geografía de la UNAM, en un día común se realizan 130 millones de viajes; sin embargo, durante la contingencia estos números han caído drásticamente hasta en un 80 por ciento. Jamás en la historia de México se había registrado una disminución tan grave en el uso de los sistemas de transporte disponibles como la observada ahora por la presencia del COVID-19.
Los sistemas de transporte público se consideran una actividad esencial para la vida pública y económica de cualquier ciudad, paradójicamente también el tipo de vehículo o la modalidad en que se ofrezca, propicia entornos de alto riesgo para el contagio del COVID-19, debido al gran número de personas que viajan en un espacio confinado.
Este fenómeno también se observa a nivel mundial; lo anterior explica el interés de todos los países por reducir la velocidad de expansión del COVID-19 y disipar el número de ingresos simultáneos a los hospitales. El transporte público está relacionado con el desarrollo económico y depende de las tarifas y los subsidios, por lo que será inevitable la pérdida de ingresos.
A pesar de que estas actividades esenciales no se han detenido durante el periodo de emergencia por coronavirus, el transporte enfrenta un escenario adverso que compromete su sostenibilidad financiera, la seguridad laboral de los empleos del sector, principalmente el sustento de los conductores.
Esta pandemia nos está generando un enorme impacto económico, las políticas de confinamiento causaron una reducción de hasta 80% en la demanda de transporte público, lo que se tradujo en una gran pérdida de ingresos en los tres meses y medio de mayor emergencia. Hoy, cuando las cosas se vienen normalizando, la demanda del transporte está aún en alrededor de 50 por ciento de la que era antes de la pandemia.
En este contexto, las empresas y operadores se han visto obligadas a tomar iniciativas muy difíciles, sobre todo para ponderar la salud de sus colaboradores, preservar sus fuentes de empleo y resguardar la sustentabilidad de la empresa en el largo plazo; pero, principalmente cuidar el empleo y la salud de todos los colaboradores, usuarios y seguir transportándolos de forma segura a sus destinos.
El transporte público en México registra la peor caída de su historia, es uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, en todo el país; empresa y operadores ven cómo la emergencia ha dejado taxis y autobuses totalmente vacíos.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y con datos de Moovit, casi todas las ciudades en América Latina registraron una notable caída de uso, desde 53.5% en Belo Horizonte, Brasil, hasta 85.6% en Bogotá, Colombia.
El transporte público está relacionado con el desarrollo económico y depende de las tarifas y los subsidios, por lo que será inevitable la pérdida de ingresos. Además de estas pérdidas, el aumento de los costos por la limpieza frecuente de los vehículos puede suponer una carga financiera adicional para las empresas de transporte público.
Ante ello, se deben mitigar los posibles contagios. De acuerdo con especialistas, algunas de las medidas podrían ser el nulo contacto de los operadores con los usuarios en los vehículos de transporte público y replicar el cobro del pasaje como se realiza en sistemas como el metro o el Metrobús; es decir, acelerar la transición a la emisión del boleto y pago electrónico sin contacto debería convertirse en la regla incluso sin el virus extendido.
Según The World Resources Institute (WRI) el transporte público mexicano podría perder 9 mil 800 millones de pesos (USD 407,8 millones) por la emergencia sanitaria del Coronavirus, en el estudio en el que participaron 13 ciudades con un total de 14.2 millones de habitantes, lo que representa el 18% de la población urbana de las 66 ciudades y zonas metropolitanas con más de 250 mil habitantes.
El impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser incluso mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector. Por este motivo, hacemos un llamado a los gobiernos a asignar fondos de emergencia y diseñar esquemas de apoyo federal para proteger el transporte público, pues podría padecer afectaciones que dañarían la movilidad de forma permanente.
Se debe reconocer al transporte público colectivo como un componente esencial para la superación nacional del impacto de la crisis sanitaria, así como sus dimensiones sociales y económicas. Se requiere una visión de Estado.
